Jubilaciones del Bapro un conflicto que no cesa

Se trata de un conflicto que, a todas luces, ya debería estar resuelto. Tanto las comisiones respectivas de la Legislatura bonaerense como la Justicia, en miles de casos individuales, resolvieron la pertinencia de dar marcha atrás con un polémico ajuste que la exgobernadora María Eugenia Vidal realizó en el sistema jubilatorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro). Pero la propia Vidal y el partido que integra, el PRO, están trabando el debate en el recinto, que estaba previsto para principios de este mes.

Tal como lo informaba diario Hoy a principios de junio, el go­bierno bonaerense viene procurando tejer acuerdos con la oposición para que la reforma se convierta en ley. De esa manera, los empleados del Banco Provincia que se jubilen cobrarán el 82% de su sueldo, en lugar del 70%, que es la proporción a la que Vidal había reducido los haberes. También volvería a regir la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres, que la exgobernadora había equiparado con la de los hombres (65 años).

No menos de 4.000 jubilados del Bapro (y hasta 8.000 según las diferentes estimaciones) presentaron recursos de amparo en distintos juzgados para suspender la aplicación de la norma vidalista, y la Suprema Corte de Justicia provincial hizo saber, de modo informal, que la declararía inconstitucional, pero insistió en que el tema debería resolverse en la Legislatura. Cosa que hasta ahora no ha sucedido, por la intransigencia opositora.

De esa manera, continúa una puja que ya dejó al macrismo sin uno de sus alfiles más valiosos. Porque el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que era quien procuraba aceitar las negociaciones con el gobierno de Axel Kicillof por este tema, renunció a la presidencia de la mesa provincial del PRO, enojado porque los popes de su propia agrupación, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, persistían en bloquear cualquier acuerdo.

El proyecto de Kicillof (que definió a la ley de Vidal como “un mamarracho”) busca restituir a los trabajadores del Banco Provincia los derechos recortados por su antecesora, pero con una cláusula que contempla su aplicación en el caso de que sea más beneficiosa para el empleado. También modifica dos puntos importantes para atacar el déficit que el desbalance entre trabajadores activos y pasivos produce en las arcas del banco oficial. En primer lugar, aumenta los aportes de trabajadores y jubilados y de la propia entidad bancaria a la caja de retiros; por otra parte, establece que el financiamiento no estará a cargo del propio Bapro, sino del Estado provincial, a través de un ítem en el presupuesto. Son recursos que, obviamente, deberán provenir de la recaudación fiscal cada año. De esa manera, la idea es socializar el sostenimiento de la caja jubilatoria y evitar que el banco se vea en problemas.

“Incuestionablemente inconstitucionales”

La Asociación Bancaria, el gremio que representa a los empleados de la entidad financiera, emitió hace pocos días un comunicado en el que denuncia “una acción antidemocrática del PRO”, que busca trabar la reforma ya aprobada en comisiones. En su texto, el sindicato apunta específicamente contra Cristian Ritondo, el exministro provincial y actual diputado nacional al que Vidal quiere entronizar como candidato a gobernador para el año próximo.

Las comisiones ya se expidieron “para que se corrijan los artículos cuestionados por la Justicia y los que nos agravian”, argumenta La Bancaria (como se conoce al gremio) en ese comunicado, “pero está empantanado su tratamiento debi­do a una acción antidemocrática del PRO que, bajo la batuta de Ritondo, ha salido desembozadamente a evitar que se modifiquen los que son incuestionablemente inconstitucionales, como así también los que suprimen contenidos discriminatorios para la mujer trabajadora y los lesivos para el Banco de la Provincia de Buenos Aires”.

Para el gremio, que conduce el diputado nacional Sergio  , el objetivo del macrismo es “destruir o privatizar” el Bapro.

Los sondeos de La Bancaria en los municipios radicales del interior bonaerense no dieron frutos. Los intendentes se rehusaron a presionar a los legisladores del partido para que apoyaran la modificación.

Así las cosas, la reforma está trabada pura y exclusivamente por la oposición. Es de esperar que las negociaciones que aún persigue el gobierno de Kicillof lleguen a buen puerto y los jubilados del Bapro recuperen los derechos que les fueron recortados durante la administración. De lo contrario, una decisión de la Corte será la que ponga fin a un conflicto que ya se estiró demasiado.