Jueces y acuerdo del Senado: mucho cínico para mi gusto

Los que tenemos entre 50 y 60 años seguramente, quien más quien menos, hemos estado influidos en nuestra niñez por algunos programas televisivos que aún hoy vemos con cierto cariño y nostalgia. En mi caso, no podría olvidarme de El gran chaparral, El show de Pepe Biondi, El Zorro (que hasta el día de hoy veo, cuando puedo, como si no supiera el desenlace de cada uno de los capítulos) y algunas películas de Cantinflas (el conocido Mario Moreno, gran comediante del cine mexicano).

Cantinflas tenía la enorme habilidad de protagonizar monólogos argumentales a enorme velocidad en los cuales, luego de unos segundos/minutos, el interlocutor indefectiblemente había perdido el norte de la conversación que, en términos escénicos, ya estaba dominada por nuestro personaje. Algo parecido pasaba con nuestro entrañable Fidel Pintos en Polémica en el bar, cuando desarrollaba las famosas sanatas solo destinadas a mentir, buscando que, en el desarrollo frenético de las palabras, esa mentira no se notara y apareciera como apoyada por algún argumento o relato que, claro, siempre carecía de sentido.

Fidel Pintos solo podía hacer esto, para los memoriosos; hasta que el otro genial comediante, Javier Portales, quien le hacía de “contra”, pronunciaba su famosa frase “¡basta ya!”.

La actual discusión pública, mediática, institucional y parlamentaria sobre la legitimidad de las funciones hacia el pasado y hacia el futuro que desempeñan “jueces”, que no obtuvieron el acuerdo del Senado para el cargo que ocupan, me hace recordar a esas escenas memorables de la historia de la televisión en español. Solo diría que Cantinflas y Fidel Pintos nos regalaban caricias en el alma. En cambio, ciertos periodistas, políticos y algunos de los autodenominados constitucionalistas nos desangran en el centro de nuestra dignidad cívica y nuestra vitalidad democrática. Pero en este último caso, hay momentos en que el ciudadano de a pie, el votante, el bien intencionado, puede confundirse y no advertir que en este partido el equipo de los malos juega disfrazado con un cinismo cuya capacidad de engaño no debe subestimarse.

Como dijimos, en los últimos días se debate qué debe hacer el Senado en relación a los jueces que, en mi criterio –como mínimo–, han ocupado ilícitamente lugares de trascendencia judicial para los que nunca recibieron ninguna legitimación institucional.

Vamos por partes

¿Hay alguna duda de que la legítima designación de un juez, nada menos, debe pasar por un conjunto de pasos, que incluso, por su enorme trascendencia republicana, debe reflejar una fuerte interinstitucionalidad?

¿Hay chances de que no haya perfecto consenso acerca de que estos pasos se ubican en el lugar de máxima trascendencia normativa, es decir, en la Constitución Nacional?
¿Puede haber alguna duda de que el artículo 99 de la CN establece como facultad del Presidente de la Nación la de nombrar a los demás jueces de los tribunales federales inferiores, en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos?

¿Queda o no claro que, si bien es facultad del Poder Ejecutivo la de nombrar a los jueces, él solo puede hacerlo de una terna que le propone el Consejo de la Magistratura, y que esta terna debe reflejar un examen de mayor idoneidad?

¿Alguien desconoce que el Artículo 114 de la CN dispone que el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial?

¿Alguno se olvidó que la misma norma recuerda que, para que el Consejo de la Magistratura llegue a proponerle al Poder Ejecutivo una terna, debe seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores?

¿Hay alguien que tenga incertidumbre acerca de que el acuerdo del Senado para quien haya sido seleccionado como candidato del Poder Ejecutivo no es genérico, ni puede referirse a más de un lugar posible, sino que el Senado acuerda que el juez cuya idoneidad se evaluó para una función, por ejemplo, ser juez de primera instancia ordinaria, o federal, o camarista en segunda instancia, o miembro de una Cámara de Casación Nacional, o Federal, solo puede ocupar aquella función para la cual concursó? ¿Todos sabemos que el acuerdo provincial para ocupar una magistratura judicial rige solo para esa provincia?

Y si sabemos todo eso, y nadie tiene –porque no puede tenerla- ninguna duda, ¿por qué mienten?, ¿por qué engañan a la comunidad?, ¿por qué cumplen el rol despreciable de destruir nuestra república, encima con las armas más viles: el engaño, la mentira, la desinformación?

Así como el Consejo de la Magistratura solo puede obtener una terna del universo de candidatos que se presentaron a un concurso y obtuvieron los primeros lugares, está claro que el Poder Ejecutivo puede elegir un candidato de esa terna creada por el Consejo de la Magistratura. Y también es evidente que el Senado solo puede dar un acuerdo a un juez que llegue a los estrados de los parlamentarios luego de todo este camino, sin saltar ninguna etapa.

Dan ganas de vestirse de Javier Portales y gritar “basta ya”. Quienes cometieron la deshonestidad de ocupar lugares judiciales sin el derecho a hacerlo ahora tienen un camino digno: poner la renuncia a disposición del ministro de Justicia.