La AFIP profundiza los aprietes

EN FOCO

Una de las características principales del gobierno nacional, cuyo poder se va diluyendo a medida que se va acercando el período electoral, es intentar acallar las voces críticas, utilizando todos los medios a su alcance. No es para menos: le tienen terror al periodismo de investigación dado que fue a través del accionar de los medios de comunicación como se dieron a conocer la mayoría de los casos de corrupción que hoy por hoy tiene en vilo a gran parte del elenco gubernamental.

Tanto la presidenta Cristina Fernández como varios sus acólitos funcionarios saben que, luego de una década de saqueo, existen sobrados elementos que podrían terminar con ellos tras las rejas en caso de que, una vez que ya no estén en la Casa Rosada, jueces y fiscales independientes decidan cumplir con su trabajo.

Ante este escenario, los K no dudan en utilizar todo el aparato del Estado contra medios de comunicación críticos a su accionar. Por eso no es casualidad que, al intentar ser la voz de todos los que no tiene voz, el diario Hoy venga sufriendo  represalias. Concretamente, la AFIP a través de su titular, el polémico y denunciado Ricardo Echegaray, a fines del año pasado puso en marcha un inédito operativo de apriete contra la directora, Myriam Renée Chávez de Balcedo, luego de varias investigaciones y de una serie notas de tapa cuestionadoras a su accionar.
La ofensiva de la AFIP se realizó mediante distintos mecanismos que van desde un operativo de fiscalización absolutamente arbitrario, hasta la presentación de denuncias en el fuero penal y en el civil y comercial por el contenido de nuestras investigaciones. 

No contento con ello, ahora intentan limitar la posibilidad de que el diario Hoy pueda plantear su defensa en la Justicia, para que sean magistrados independientes los que finalmente resuelvan la cuestión. ¿De qué forma ponen piedras en el camino? Queriendo imponer el pago de una abultada tasa de actuación que es absolutamente anticonstitucional. Se trata de un claro condicionante para poder acceder al Tribunal Fiscal e impugnar las multas y sanciones que, con criterios políticos y arbitrarios, intenta implementar el organismo recaudador.

La tasa en cuestión es abiertamente ilegal ya que viola el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana de Derechos Humanos), que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, y establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿qué pasaría si un comerciante o un profesional, que está siendo hostigado por la AFIP, no tiene los $30 mil o $40 mil que se requiere para recurrir al tribunal superior para pedir justicia? Sencillamente, no le queda otra que aceptar lo dispuesto por el organismo recaudador, sin poder ejercer la más mínima defensa. Se termina coartando así uno de los derechos más básicos y elementales que también establece la Convención: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.

Al indagar sobre la cuestión, nos encontramos con que mecanismos de aprietes de similares características se instrumentan a lo largo y ancho del país. En ese sentido, un equipo periodístico del diario Hoy se hizo presente, el pasado lunes, en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos), donde reside el principal colaborador de Echegaray, el contador Guillermo Michel.  Allí, hablando con productores rurales y dirigentes de distintos partidos políticos, pudimos comprobar cómo bandas de la AFIP se desenvuelven con absoluta impunidad. Los damnificados nos contaron como, por ejemplo, después de declaraciones públicas por el rumbo del gobierno, inspectores del organismo recaudador se aparecieron en sus propiedades y hasta exigieron pagos por adelantado  que serían absolutamente ilegales.

Peor aún, ante la necesidad de dólares que tiene el gobierno, también hubo inspectores que no dudaban en violar la propiedad privada con el solo objetivo de intentar demostrar que acopiaban granos y así obligarlos a vender, en momentos donde la situación del país y la cotización del dólar los podría llevar a la quiebra. Cabe recordar que, en el año 2008, Gualeguaychú fue uno de los principales focos de la protesta rural contra la resolución 125.

Ante tamaño atropello, el diario Hoy redobla la apuesta. Y va por más. No sólo seguirá siendo la voz de todos aquellos que no tienen voz, sino que también se hará presente en cada punto del territorio nacional para desenmascarar a los comisarios políticos y extorsionadores que actualmente cumplen las órdenes de Cristina y Echegaray.