La Coalición Cívica hizo una denuncia penal por el apartamiento del juez Cabral

La Coalición Cívica presentó una denuncia penal contra la presidente Cristina Kirchner y los miembros del Consejo de la Magistratura que responden al oficialismo y votaron en contra de la continuidad del juez Luis María Cabral como subrogante en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. También acusó a la magistrada Ana María Figueroa, titular del tribunal, de ser "la autora intelectual y principal beneficiaria de este accionar que busca garantizar su impunidad". El expediente quedó en el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, e intervendrá el fiscal Gerardo Pollicita.

Con la firma de la diputada nacional Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto, la Coalición Cívica presentó un escrito en el que acusó a los denunciados por "los delitos tipificados en los artículos 248, 249 (Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos) y 277 (Encubrimiento) del Código Penal".

El jueves, el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación dio por concluida la subrogancia en el máximo tribunal penal –y en el que se dirimen las denuncias por corrupción– del juez Cabral, un opositor al Gobierno que debía fallar sobre el acuerdo con Irán por la AMIA e intervenir en la causa "Hotesur". En su lugar nombró a un conjuez allegado al oficialismo, Claudio Marcelo Vázquez.

A favor de la remoción votaron los ahora denunciados Julián Álvarez, secretario de Justicia y dirigente de La Cámpora, la jueza Gabriela Vázquez, y los legisladores del Frente para la Victoria Héctor Recalde, Anabel Sánchez Sagasti, Ruperto Godoy y Pablo González.

"Creemos que existen elementos para concluir que la intromisión indebida del Poder Ejecutivo y la intervención realizada el pasado 25 de junio con la intención de controlar especialmente la Sala I de la Cámara de Casación formó parte de un plan meticulosamente armado", escribieron Carrió y Oliveto.

"La remoción de un juez subrogante mediante un mero acto administrativo resulta un procedimiento irregular y arbitrario, pues tanto la Constitución Nacional como los Tratados Internacionales, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los principios de Derecho Público, prevén enfáticamente que los jueces sólo pueden ser removidos mediante el procedimiento de juicio político", agregaron las legisladoras.

Los argumentos coinciden con los del propio Cabral. "Mi remoción es ilegal e inconstitucional porque el Consejo no tiene las atribuciones para remover a un subrogante. La Magistratura tiene ciertas atribuciones para designar subrogantes pero no para removerlos", denunció el juez, que recibió el apoyo de la Asociación de Magistrados –que presidió– y de todo el arco político opositor.

Figueroa, acusada de ser parte de la maniobra y de tener una buena relación con Carlos Zannini, se defendió en declaraciones a radio Mitre. "A mí nadie me aprieta, y el que me conoce lo sabe, es una opereta de prensa que digan semejante barbaridad", se quejó. "Al doctor me lo presentó Cabral en la Casa Rosada un día de acto oficial, cuando se sancionó el decreto del Código Civil y Comercial, esa fue la única palabra que crucé en mi vida", aseguró.

Todavía queda el interrogante de lo que sucederá con la causa sobre el Memorándum con Irán. La sentencia debía ser leída el martes pasado, pero se pospuso una semana porque faltaba el voto de Figueroa. No obstante, Cabral ya emitió y registró el suyo, que permanece guardado en la caja de seguridad del tribunal.

El jueves, el fiscal Raúl Pleé pidió que el voto de Cabral sea convalidado. "Solicito que de modo inmediato, y sin dilación, se adelante la audiencia fijada para el próximo día 30 de junio, y manteniendo la integración de la Sala, como Juez Natural del proceso, se dé lectura del fallo completo", sostuvo en el escrito