Aumenta el escándalo por intromisión K en la Justicia

La remoción del juez Luis María Cabral de la Cámara Federal de Casación Penal puso en evidencia que el kirchnerismo está armando tribunales a su medida. La palabra del magistrado desplazado y la convocatoria a una marcha en todo el país

Luego de que el Consejo de la Magistratura desplazara al juez subrogante Luis María Cabral de la Cámara Federal de Casación Penal, cuando era inminente el dictado del fallo por el Memorándum de Irán por el atentado contra la AMIA, desde la oposición salieron a criticar la alevosa intromisión del gobierno nacional en el poder judicial.

Ricardo Sáenz, fiscal de Cámara y vicepresidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios, advirtió que el kirchnerismo "está armando tribunales a medida".

"La remoción de Cabral significa confirmar que el Consejo de la Magistratura está dispuesto a conformar los tribunales a su medida, sin ningún miramiento", planteó Sáenz.

Es que anteayer el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación dio por concluida la subrogancia en la Cámara Federal de Casación Penal del juez Cabral, el ex presidente de la Asociación de Magistrados opositor al Gobierno, y en su lugar nombró a un conjuez allegado a la administración de Cristina Fernández. 

"Más allá del nombre que le quieran poner (al procedimiento), han removido a un juez sin el procedimiento legal previsto, y ahí está la gravedad institucional del asunto", agregó Sáenz.

La palabra del juez desplazado

El juez Luis María Cabral tildó ayer de "ilegal e inconstitucional" su desplazamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, a la vez que advirtió que el Consejo de la Magistratura "manipula el funcionamiento de la Justicia".

"La remoción es ilegal e inconstitucional. El Consejo no tiene las atribuciones para tomar esa medida y las motivaciones serían bueno que las explicaran", sostuvo el magistrado.

En ese sentido, el expresidente de la Asociación de Magistrados indicó que "el Consejo de la Magistratura tiene ciertas atribuciones a partir de la nueva ley para designar subrogantes, pero no tiene facultades para remover subrogantes".

Asimismo, se mostró "sorprendido por la forma en la cual se conduce" el órgano judicial que, según resaltó el removido magistrado, "está a cargo de garantizarle la independencia a los jueces, de asegurarle su jurisdicción y, lejos de eso, lo que hace es manipular el funcionamiento de la Justicia".

Convocan a una marcha

Con el desplazamiento de Cabral, el kirchnerismo volvió a tocar una fibra sensible del Poder Judicial y activó los resortes de quienes desde ese sector siguen con atención sus maniobras con la sospecha de que intentará avanzar sobre su independencia. La medida contra el juez despertó un amplio rechazo en el sector y motivó una convocatoria para una nueva marcha.

Los abogados y funcionarios de ese poder han estado al frente de manifestaciones por la muerte de Alberto Nisman, el jury contra José María Campagnoli y, más recientemente, para defender a Carlos Fayt de los cuestionamientos del oficialismo. Esta vez el disparador fue la maniobra contra Cabral, pero la consigna excede ese caso.

"Defendamos la República". Ese es el concepto que circula por redes sociales para convocar a movilizarse el 14 de julio a la Plaza de Mayo. La cita es a las 19.  El ex fiscal y ex secretario de Justicia Pablo Lanusse compartió el llamado. "Hay que salir en paz a la calle para frenar este atropello", dijo, y llamó a que haya expresiones en todo el país.

Una Sala con causas sensibles como la de Hotesur

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal es la que interviene en causas sensibles y comprometedoras para el gobierno como las públicamente conocidas como "Hotesur" -la empresa de titularidad de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia- o la determinación de la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, entre otras.

Por eso existen elementos para concluir que la intromisión indebida del Poder Ejecutivo y la intervención realizada con la intención de controlar especialmente la Sala I de la Cámara de Casación formó parte de un plan meticulosamente armado por los K.

Este plan de blindaje judicial conlleva acciones y procedimientos en donde se destaca el nombramiento por parte del Poder Ejecutivo en  2013 de diez conjueces para la Cámara de Casación Penal, todos afines a las ideas del partido de gobierno y de la agrupación 'Justicia Legítima' y una ley reciente que permite al Consejo de la Magistratura nombrar nuevos subrogantes.