El Gobierno ajusta la reforma laboral con modificaciones

El Gobierno nacional intensificó en el día de ayer una serie de ajustes al proyecto de reforma laboral que impulsa en el Congreso, en respuesta a críticas tanto del arco opositor como de aliados parlamentarios y sectores sindicales. Las modificaciones introducidas apuntan a suavizar algunos de los puntos más cuestionados de la iniciativa original, en particular aquellos vinculados a las licencias por enfermedad, el régimen de trabajo, la articulación con los convenios colectivos y la protección de derechos adquiridos.

Uno de los temas que generó mayor debate fue el régimen de licencias médicas propuesto en la redacción original, que contemplaba condiciones más estrictas para otorgar y justificar ausencias por enfermedad. Sectores sindicales y organizaciones sociales advirtieron que esas reglas podrían restringir derechos laborales básicos y generar presiones indebidas sobre los trabajadores. En respuesta, el oficialismo aceptó introducir modificaciones técnicas que respalden criterios más amplios para la concesión de licencias, con el objetivo de garantizar la cobertura efectiva de ausencias justificadas por motivos de salud y evitar eventuales litigios o controversias.

Las negociaciones en torno a las licencias por enfermedad también se transformaron en un episodio de tensión dentro de la alianza oficialista. Algunos aliados parlamentarios condicionaron su apoyo a la incorporación de ajustes que contemplen reclamos de sectores gremiales y de base, advirtiendo que de no reconocerse esos planteos podrían debilitar la legitimidad política del proyecto. Esta presión contribuyó a que el Ejecutivo revise ciertos términos del texto y muestre una disposición más negociadora, al menos en lo discursivo, con el propósito de construir consensos amplios.

Más allá de las licencias, otras áreas de la reforma también fueron objeto de revisión. Se trabajó en la clarificación de la relación entre

convenios colectivos y nuevas modalidades de contratación, buscando evitar interpretaciones que puedan afectar la estabilidad de las negociaciones salariales o la representatividad sindical. El Ejecutivo sostuvo que el objetivo es armonizar incentivos para la formalización laboral sin erosionar los mecanismos de negociación establecidos en la legislación vigente.

En paralelo, se ampliaron las referencias a la igualdad de trato y no discriminación en ámbitos laborales, así como a las salvaguardias para sectores particularmente vulnerables, como trabajadores con discapacidad, personas mayores y quienes combinan empleo formal e informal. Estas inclusiones buscan atender reclamos específicos de organizaciones sociales y gremiales sobre la necesidad de una normativa que reconozca la diversidad de situaciones laborales en todo el país.

Las modificaciones introducidas en la reforma laboral reflejan una estrategia del Gobierno orientada a descomprimir el malestar social y político generado por la iniciativa original, ofreciendo respuestas a cuestionamientos que se expresaron tanto en la calle como en instancias parlamentarias.

La prioridad: tener la ley aprobada para el 27 de febrero

En ese marco negociador, el Gobierno definió como objetivo político prioritario lograr la sanción de la reforma laboral el 27 de febrero, antes de que se concrete la apertura formal de sesiones ordinarias del Congreso. Esta decisión responde a la necesidad de dar señales de avance legislativo y de cerrar un capítulo de debate intenso antes de que otros temas de la agenda nacional ocupen el centro de la escena política.

La meta de contar con la ley sancionada para esa fecha supone un esquema de negociaciones aceleradas entre bloques, reuniones con fuerzas aliadas y precisiones en torno a los términos finales del texto. Desde el oficialismo señalan que alcanzar este hito reforzaría la capacidad del Gobierno para mostrar resultados concretos en materia de modernización normativa y regulación del mercado laboral.

Para alinear voluntades, el Ejecutivo desplegó una serie de conversaciones con referentes parlamentarios de diversos espacios, en algunos casos planteando garantías adicionales o aclaraciones sobre la interpretación de artículos que generaron dudas o rechazos. Esta construcción de acuerdos previos busca evitar escollos legislativos en la recta final y asegurar que la iniciativa pueda transitar sin contratiempos mayores hasta su sanción formal el 27 de febrero.