La Defensoría del Pueblo pidió declarar inconstitucional la reforma previsional

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia nacional para que se declare “inconstitucional” la reforma previsional aprobada recientemente por el Congreso, y también denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la nueva ley es de carácter “regresiva” y que produce “daños irreparables” entre los beneficiarios del sistema.

Con esta medida, presentada junto a la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, la Defensoría que conduce Guido Lorenzino, exdiputado nacional de origen sciolista, asumió la voluntad de ejercer la representación colectiva de todos los damnificados por los cambios en las jubilaciones, pensiones ordinarias, pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Las modificaciones introducidas a la norma van en contra lo que dice la Constitución y los tratados internacionales”, expresó Lorenzino, quien agregó que “básicamente vulnera el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la movilidad jubilatoria, la no discriminación, el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social”.

La posición de la Defensoría tiene en cuenta que los cambios generan graves amenazas, como la disminución de ingresos alimentarios, además de la sensible pérdida del poder adquisitivo que afectaría a aproximadamente a 10.000.000 de habitantes, entre jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de prestaciones sociales como la AUH y otros subsidios.

“Cualquier reforma que modifique derechos requiere del diálogo con todos los sectores. En este caso, la nueva norma introduce cambios en las funcionalidades del sistema, y la falta de consensos, por lo tanto, fue un aspecto central que marcó a la nueva ley. 

Se impone, por lo tanto, revisar este método para que no sea el único mecanismo válido para lo que se viene”, expresó el defensor del pueblo.

Medida cautelar en juzgado internacional

Otro de los aspectos que cuestiona la presentación de Lorenzino es el que liga la movilidad de haberes a la inflación, algo que no ha sido aceptado por la Corte Suprema de Justicia. Lorenzino también considera que la reforma es discriminatoria para los beneficiarios por moratoria, “ya que no se les reconoce la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil, ya de por sí exiguo”.

El defensor del pueblo pidió además una medida cautelar por este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Las modificaciones aprobadas por el Congreso no solo van en contra de lo que dice la Constitución, sino que también rompen con los postulados de varios tratados internacionales, por lo que creemos también necesario llevar la discusión a otro nivel”, aseguró. 

La presentación ante la Comisión Interamericana tiene que ver con que la reforma genera una disminución de los ingresos alimentarios, además de la sensible pérdida del poder adquisitivo entre los beneficiarios. También rechaza la movilidad de haberes según la inflación, y advierte que la reforma previsional no reconoce la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil para los que accedieron a la jubilación por moratoria.

“Queremos que la Comisión analice la gravedad de los cambios regresivos introducidos a la norma, que vulneran el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la movilidad jubilatoria, la no discriminación, el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social, y que producirá daños irreparables para quienes están dentro del sistema previsional”, puntualizó Lorenzino.

La nueva lucha de los excombatientes de las islas Malvinas 

En la región, el Centro de Excombatientes de las islas Malvinas de La Plata (Cecim) en conjunto con el Centro de Veteranos de Guerra de Berisso (Cevecim) presentaron anteayer un amparo en el Juzgado Federal nº 2 de La Plata.

Mario Volpe, referente del Cecim, señaló que “la presentación busca declarar inconstitucional la reforma”. “Venimos por los excombatientes, que se ven totalmente dañados y vulnerados nuevamente por una norma que no cumple con los tratados internacionales, que no es progresiva”, agregó. 

En este marco, Volpe destacó que la ley “puede causar una posguerra, como pasó en estos últimos años, con más de 400 excombatientes suicidados que tenían problemas de salud. Es un colectivo vulnerable que se ve nuevamente afectado”.

Según precisaron en el recurso, con la aplicación de la ley, “se quitarán del bolsillo, para marzo del año próximo, cerca de 2.000 pesos por excombatiente”.

Jubilado presentó un amparo por la merma en sus haberes

Un jubilado marplatense presentó ayer en la Justicia Federal un amparo en contra de la reforma previsional. Se trata de Carlos Stradella, quien percibe haberes apenas por encima de la mínima.

“Están bajando casi 500 pesos por mes de mi jubilación, cobro menos de 8.000 pesos y para mí 500 pesos es una barbaridad de plata, es mucho”, indicó Stradella, quien se jubiló como autónomo en el año 2005.

Por su parte, el abogado de Stradella, José Luis Zerillo, recordó que a mitad de año habría realizado una presentación similar por medicamentos que debía cubrir el Pami. “Planteamos que no se aplique la nueva escala de movilidad que prevé la ley votada en el Congreso y que se continúe con la anterior porque pone a los jubilados en mejor situación económica que la actual”, especificó.

En ese sentido, amparados en fallos de la Corte Suprema y jurisprudencia internacional, dejaron sentado que “los derechos deben ir reconociéndose de forma progresiva y no regresiva”. “Es decir, cuando uno llega a un estado de situación, lo que no puede el Estado es ponerlo peor de lo que estaba. En todo caso habrá imposibilidad económica de mejorar esa situación, pero ponerlo en situación de desventaja es realmente perjudicial”, puntualizó Zerillo.