La trama de presunta corrupción que involucra a Javier Milei, Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Edgardo Kueider revela un entramado político donde los intereses personales prevalecen sobre las demandas ciudadanas. Entre jueces afines, sociedades offshore y escándalos financieros, el Congreso también queda relegado a un papel irrelevante.
El Gobierno de Javier Milei cierra su primer año bajo una nube de escándalos de sospecha de corrupción que involucran a miembros de la oposición “con peluca”, como Cristian Ritondo y Edgardo Kueider. Estas polémicas revelan un entramado de intereses cruzados donde también se vislumbra la influencia de Mauricio Macri, cuyo distanciamiento de la Casa Rosada coincide con los conflictos surgidos entre su entorno y el Gobierno libertario.
El caso Ritondo salpica al PRO y a La Libertad Avanza
Cristian Ritondo, líder del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, enfrenta graves acusaciones tras conocerse hace unos días que su esposa, Romina Aldana Diago, es titular de empresas offshore en Estados Unidos y propietaria de bienes inmuebles en Miami valuados en $2,6 millones de dólares que no fueron declarados. Aunque el diputado asegura que la información “no es reciente” y está “manipulada”, su respuesta no ha despejado las dudas, lo que alimentó las sospechas de irregularidades.
El nexo entre Ritondo y Santiago Caputo, mano derecha de Javier Milei, también genera muchas sospechas. Este vínculo, sumado a la cercanía de Ritondo con el Presidente, sugiere posibles maniobras para protegerlo judicialmente. Las investigaciones recaerán en el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano, cuyo hijo, Federico Taiano, fue designado por Ritondo en 2016 como director de un programa de seguridad en la Provincia de Buenos Aires.
Ritondo y su esposa enfrentan acusaciones por enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, y otras infracciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas. Sin embargo, el PRO ha optado por mantener silencio sobre el tema, evidenciando las tensiones internas y los riesgos políticos que implica abordar estas denuncias.
El escándalo Kueider y su impacto en el Senado
A esta noticia reciente, se le suma la situación del senador Edgardo Kueider, ligado al oficialismo tras su importante apoyo en el debate de la Ley de Bases impulsada por Milei, que fue detenido en Paraguay con $200.000 dólares no declarados. Este hecho comenzó a mostrar las divisiones entre Macri y Milei, mientras sectores cercanos a La Libertad Avanza buscan evitar su expulsión del Senado para conservar la mayoría. A pesar de ello, el bloque PRO, liderado por Luis Juez, ha anunciado que respaldará la discusión para destituirlo.
La figura clave para que esto se lleve a cabo es la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien en el día de ayer convocó a una sesión especial para el 12 de diciembre con el fin de tratar “los actos inmorales” de Kueider. Si el senador fuera removido, sería reemplazado por Stefanía Cora, una figura cercana a La Cámpora, lo que podría fortalecer a la oposición en el Congreso. Paralelamente, Kueider también enfrenta acusaciones de haber recibido sobornos para apoyar iniciativas clave del Gobierno de Milei, lo que agudiza las críticas hacia la administración.
Macri, Milei y las fracturas del poder
La relación entre Milei y Macri parece haber alcanzado un punto de ruptura. El expresidente, golpeado por acusaciones que también involucran a su círculo cercano, busca distanciarse del Gobierno libertario, mientras mantiene una postura crítica. Santiago Caputo, un actor clave en este entramado, ha sido señalado como uno de los factores de tensión entre ambos sectores.
Estas disputas reflejan una clase política más preocupada por sus propios intereses que por las demandas sociales. La promesa de Milei de erradicar la corrupción y transformar la política se ve empañada por escándalos que evidencian la continuidad de viejas prácticas.
El primer año de gobierno de Javier Milei concluye con serias dudas sobre su compromiso con los principios que lo llevaron al poder.
Mientras las promesas de cambio quedan sepultadas bajo las denuncias de corrupción, las disputas con Mauricio Macri exponen las grietas en una alianza que alguna vez se presentó como la alternativa al statu quo.
En este contexto, el Congreso se convierte en un reflejo de la decadencia política, sin respuestas claras ante una crisis que solo parece profundizarse.
El día que Ritondo forzó el apartamiento de Arroyo Salgado en una causa por encubrimiento
Hace dos años, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado denunció en los medios de comunicación que había sido apartada de una investigación que involucraba a un fiscal y policías bonaerenses en una red de narcotráfico, durante la gestión de Cristian Ritondo como ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal.
Arroyo Salgado lideraba una causa contra el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, señalado como jefe de una asociación ilícita integrada por policías de la Delegación de Investigaciones Complejas. Se lo acusaba de armar causas, cobrar coimas y quedarse con drogas incautadas. La jueza señaló que dos abogados con “aceitados contactos políticos” presentaron su recusación. Uno de ellos, Marcelo D’Angelo, había sido asesor de Ritondo y luego abogado defensor de imputados en la causa.
Aunque la Cámara de San Martín respaldó su rol, Casación anuló esa decisión y apartó a la magistrada. “Investigo, avanzo, proceso a policías que eran socios del narcotráfico, y ahí me recusan”, había señalado Arroyo Salgado en ese momento, señalando directamente a las presiones políticas detrás de su desplazamiento, con Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal como principales apuntados.
Además, mencionó que, meses después, fue apartada de otra causa de lavado de activos por otro asesor de Ritondo, lo que refuerza su denuncia sobre la politización de la justicia durante la gestión provincial de Vidal.