El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del líder del Polo Obrero y otros referentes de la agrupación por la causa que investiga extorsiones a beneficiarios de planes sociales.
28/05/2024 - 00:00hs
En el marco de la investigación por supuestas extorsiones por parte del Polo Obrero y otras organizaciones, el juez federal Sebastián Casanello llamó a indagatoria al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
La causa incluyó allanamientos el 11 de mayo que revelaron que estas organizaciones exigían dinero y participación en actividades partidarias a cambio de los beneficios, empleando “facturación falsa” y “simulación de gastos” para encubrir el uso indebido de fondos públicos.
Casanello destacó que “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, y que las organizaciones imponían condiciones como asistir a movilizaciones, aportar sumas de dinero a la organización y votar por candidatos específicos bajo “amenaza” de perder la ayuda estatal.
En este contexto, el magistrado citó a indagatoria a múltiples personas entre el 11 y el 25 de junio, incluyendo a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat, María Cecilia Cowper, Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso, Lorenzo Martelli, Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego, Elizabeth del Carmen Palma, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz.
Cabe recordar que la causa comenzó el 20 de diciembre, cuando se preparaba una movilización contra el Gobierno de Javier Milei. En ese momento, la administración libertaria habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad, para que ciudadanos realicen sus denuncias anónimamente.
Las denuncias llegaron a los tribunales de Comodoro Py y el fiscal Gerardo Pollicita se centró en 45 denuncias de la Capital Federal, rastreando y localizando a siete personas, cinco de las cuales ya declararon. Pollicita afirmó que, bajo la “apariencia de una actividad solidaria”, se montaron grupos que exigían dinero a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo.
Tras los allanamientos iniciales, se ordenaron medidas adicionales como la inhibición de bienes de los implicados, mientras que la causa entró en secreto de sumario y varias personas solicitaron protección.