La política de la crueldad: el Gobierno apelará ante la Justicia y sigue sin entregar alimentos

Después de la intimación del juez federal Sebastián Casanello, que pidió detalles sobre el reparto de cerca de 5.000 toneladas de alimentos acopiados en un predio del Ministerio de Capital Humano, desde el gobierno de Javier Milei descartaron un reparto urgente a los comedores, tal como lo solicitaran distintos movimientos sociales y la Iglesia durante el tedeum del sábado pasado por el 25 de mayo.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia. Vamos a apelar la resolución porque consideramos que no es algo de índole judicial, sino una cuestión de política pública. Estos alimentos son reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes”, completó Adorni en su conferencia de prensa diaria. Y apuntó contra los “intermediarios que se sienten dolidos porque se les terminó el usufructo personal”.

Según información oficial, el stock de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán sin entregar incluye yerba mate (3.146.707 kilos), leche en polvo (1.173.815 kilos), aceite (479.261 botellas de 900 ml.), puré de tomate (137.796 kilos), garbanzos (81.148 kilos), harinas de trigo y maíz (20.416 kilos), locro (15.010 kilos) y arroz con carne (13.629 kilos).

“De las 5.000 toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3.000 toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría. Esta yerba no solo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad”, afirmaron desde Capital Humano a modo de respuesta adicional.

En la causa que investiga la demora de entrega de alimentos a comedores populares, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente el stock actual de alimentos de varios depósitos que detalló y le pidió que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas [al juzgado]”.

“Que no puedan dormir los hambreadores”

El dirigente Juan Grabois salió a través de su cuenta de X al cruce de las declaraciones de ayer del propio Adorni: “El programa para atender las catástrofes ya existe, se denomina Programa de asistencia por situaciones de emergencias climáticas y catástrofes naturales o accidentales y está reglado por la Resolución 485/2016”.

“La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo están exclusivamente destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil. Así lo dice textualmente el convenio de adquisición con la OEI. El convenio con PNUD también está encarado desde el “abordaje comunitario” para mitigar situaciones de vulnerabilidad”, explicó.

Grabois agregó: “Comprar alimentos para un destino y utilizarlos para otro tiene un nombre en el derecho penal: malversación de fondos públicos… Hasta que no haya pan para los pobres, que no puedan dormir los hambreadores”.

Más voces contra la decisión

La diputada nacional (UxP) y exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue más allá y amplió la denuncia contra el gobierno de Javier Milei: “Nos enteramos todos que el gobierno acopia sin razón ni explicación alguna más de cinco millones de kilos de alimentos, también sabemos que hay herramientas, elementos para atender la urgencia en temporales y tragedias naturales, guardapolvos, útiles escolares, y tantas otras cosas que los argentinos necesitaron en muchas situaciones en los últimos meses”.

“Entre tantas cosas también tienen 50 camionetas que, por impericia, necedad, desidia e incluso por crueldad, no han sido entregadas. Llevan más de seis meses arrumbadas, enfrentando el deterioro y juntando polvo sin cumplir ninguna función social”, advirtió.

La legisladora nacional Vanesa Siley, en la misma sintonía, se dirigió en sus redes sociales: con un mensaje a la ministra Pettovello: “La gente va a los comedores a buscar un plato de comida. Necesitan de la asistencia del Estado para no cagarse de hambre. ¿Por qué su ministerio de Capital Humano no entrega las toneladas de alimentos que tienen guardados en un galpón? El hambre como política de Estado es DELITO”.

“Le recomendamos que salga a la calle y mida el termómetro social personalmente. La gestión pública a través de las redes sociales le hace ver fantasmas y enemigos donde no los hay. Sus acciones y declaraciones como servidores públicos nos llenan de vergüenza”, sentenció.

La diputada nacional Mónica Litza se sumó a las declaraciones que cuestionaron la actitud del Estado nacional: “Se llama deshumanización. A eso llevan sus políticas... deshumanización”.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren también salió a criticar la decisión: “Hay algo más miserable que apelar un fallo que te obliga a repartir comida? No quieren repartir alimentos en medio de una crisis social ni con un fallo judicial. Son retorcidos”.

Por otro lado, desde el ámbito de la cultura, la escritora Claudia Piñeiro dijo en su cuenta de X: “Si hay gente que no tiene para comer es una emergencia y una catástrofe, así que capaz cuando tengan un ratito pueden empezar a repartir alimentos”.