El fiscal Casanello evalúa avanzar con una nueva línea de investigación por “una exhortación a votar” candidatos del Frente de Izquierda.
17/05/2024 - 00:00hs
En medio del avance de la causa que investiga a dirigentes piqueteros por presuntas irregularidades en comedores populares y supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones, el juez federal Sebastián Casanello evalúa “extraer testimonios” sobre la base de contenidos de chats aportados por cinco testigos de los que se desprende una exhortación a votar a candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) durante las últimas elecciones. De esta manera, la Justicia Electoral intervendría en el caso.
Según informó la agencia NA, el magistrado dispuso peritajes en los teléfonos secuestrados durante los allanamientos del lunes último, pero, independientemente de eso, cuenta con capturas de pantalla de chats en los que uno de los imputados, Gustavo Vásquez, llama a votar a la candidata a jefa de Gobierno Vanina Biasi.
Asimismo, detallaron que, al menos en dos oportunidades, Vásquez arengó en un grupo de WhatsApp a que los beneficiarios de planes sociales y comedores votaran a Biasi e incluso les exigió que se sacaran fotos al momento de emitir el sufragio. En la parte penal de la investigación, los delitos que están bajo la lupa son los de “administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción”.
Cabe recordar que esta semana, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal por incumplimiento de deberes y fraude a la Administración Pública, al verificar que casi la mitad de los comedores y merenderos que recibían asistencia estatal no existen.
La cartera reiteró que no se controló la salida de alimentos destinados a sectores vulnerables, al tiempo que expuso que no se relevó a qué lugares iba la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían.
De acuerdo con datos arrojados por la Casa Rosada, de la totalidad de los comedores registrados solo se pudo relevar el 52,3 %, por lo que denunció que “el Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales Argentina contra el hambre”.