La Justicia frenó la privatización de AySA

El gobierno de Javier Milei sumó un nuevo revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo Nro 2 de La Plata, Mariano López, frenó el proceso de venta de activos de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA).

El magistrado hizo lugar a la presentación judicial que había hecho el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. La denuncia apunta a que el proceso de privatización no contempla “elementos básicos que garanticen el acceso al agua”, al tiempo que desconoce la existencia de “pasivos ambientales en territorio bonaerense”.

López elevó su decisión a la Cámara Federal de La Plata y argumentó que la privatización dispuesta por el Ejecutivo nacional no fortalece las obligaciones de garantizar un acceso a la cobertura sanitaria, como así tampoco no aumenta los mecanismos de recomposición y prevención.

En el mismo sentido, el juez avaló la posición del Defensor del Pueblo bonaerense quien defendió el derecho colectivo del acceso al agua potable, de forma suficiente, segura y equitativa.

El plan de la administración libertaria es vender al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, que fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más.