Para el representante de los abogados argentinos, la reforma judicial no puede reducirse al proyecto que el Gobierno envió al Congreso: afirma que es necesario reformar el Consejo de la Magistratura. También se refirió a la independencia de poderes y al lawfare.
Mientras el Gobierno nacional espera que los diputados traten el proyecto de reforma judicial que envió el año pasado, la pugna entre sectores de la política y el Poder Judicial por el lawfare (o guerra jurídica) no cesa. En este marco, el representante de los abogados argentinos, José Luis Lassalle, advirtió que la iniciativa oficial es solo el comienzo de una reforma que debe ser integral y llamó a preservar la independencia de poderes en un contexto de “bajo grado de credibilidad” de la Justicia.
Lassalle, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en diálogo con diario Hoy, se pronunció, no solo sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo, sino también sobre otras ideas, como la reforma de la Corte Suprema y la disputa por el lawfare. También advirtió que el descrédito del sistema judicial “pone en riesgo al sistema republicano de gobierno”.
El proyecto de ley que el Presidente Alberto Fernández envió al Congreso, y que ya fue aprobado por los senadores, dispone la unificación en un fuero penal federal de lo que hoy son dos fueros: el criminal y correcional, y el penal económico. También crea nuevos juzgados, establece medidas de transparencia para los sorteos de causas y fija un plazo para la implementación de un sistema penal acusatorio similar al que existe en la provincia de Buenos Aires. Además en un punto, que fue muy discutido, establece que los jueces deben informar de cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de “poderes políticos, económicos o mediáticos”.
Aunque Lassalle reconoció que concuerda con la mayor parte de las disposiciones de la iniciativa, consideró que no es suficiente y exhortó a hacer cambios más radicales.
“Creemos que una reforma no debe agotarse en la propuesta elevada por el Ejecutivo, sino que debe ser el producto de un amplio consenso”, dijo el abogado nicoleño.
Entre las medidas que quisiera ver implementadas, y que no figuran en la iniciativa oficial, está la de hacer modificaciones en el organismo que selecciona y remueve a los jueces.
“La FACA tiene una posición tomada, que es que no puede haber una reforma judicial integral que no empiece por una reforma del Consejo de la Magistratura” (el organismo encargado de la designación y remoción de los jueces), afimó Lassalle a este multimedio. Y, en ese sentido, propuso dar más representación a los abogados, el sector del mundo judicial que representa.
“La actual ley mantiene un desequilibrio entre todos los estamentos” que componen el Consejo, explicó el titular de la Federación. “De esa manera viola la Constitución Nacional, que manda guardar un equilibrio. El Consejo de la Magistratura tiene trece miembros, de los cuales hay siete que responden al estamento político y solamente hay dos representantes de la abogacía, uno del Interior del país y uno de la Capital Federal. Ninguno de ellos puede integrar la comisión de selección y enjuiciamiento; la abogacía está excluida de eso. Así que el sector político tiene una mayoría absoluta y está en condiciones de resolver todas las cuestiones que trata el plenario, salvo aquellas que necesiten una mayoría calificada”, indicó.
La propuesta de la FACA, que sus representantes hicieron manifiesta al ser convocados por el consejo consultivo conformado por el Gobierno para discutir las distintas posibilidades de la reforma judicial, consiste en dar mayor representación a los abogados en el Consejo y la posibilidad de participar de la comisión para la selección y enjuiciamiento de jueces.
“Por supuesto que no se agotaría ahí. También hay que modificar los mecanismos de concurso, con exámenes orales y escritos, eliminando toda discrecionalidad a la hora de la conformación de las ternas que van a ser enviadas al Poder Ejecutivo”, consideró el representante de los abogados.
El Presidente Fernández ya había advertido que enviaría otros proyectos de ley para avanzar en la reforma de otros aspectos del sistema judicial, pero sin dar precisiones. Sin embargo, hay ideas que se lanzaron desde sectores cercanos al Ejecutivo, como un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, presentado por el senador Alberto Weretilneck y ya aprobado en la Cámara alta, o la propuesta de reforma de la Corte Suprema de Justicia que, según el exministro de Justicia de la Nación, exministro de Seguridad bonaerense y exjuez del Juicio a las Juntas, León Arslanian, avanza en el seno del consejo consultivo.
“Hemos estado analizando las ideas de reforma de la Corte y del Ministerio Público, y también las relativas al juicio por jurados”, dijo Lassalle a Hoy. “Tenemos una crítica muy fuerte al proyecto de Weretilneck porque produce un avance del poder político al cambiar la composición del tribunal de enjuiciamiento”, manifestó.
Sobre la idea de modificar la Corte, dijo que es “un debate no concluido” sobre el que “hay diferentes opiniones, todas respetables”.
Respecto de la disputa por lo que el oficialismo considera una forma de lawfare a través de la persecución judicial a exfuncionarios kirchneristas caídos en desgracia durante el gobierno de Mauricio Macri, algunos de ellos presos, el titular de la FACA consideró que “la Justicia ha caído en un bajo grado de credibilidad por parte de la sociedad y esto pone en riesgo al sistema republicano de gobierno”.
“Desde la FACA entendemos que toda reforma debe atender este requisito fundamental: resguardar a la Justicia. Que haya una Justicia independiente, que se mantenga la división de poderes”, dijo Lassalle. “Los tironeos, disputas, operaciones políticas y económicas, no le hacen ningún bien a la Justicia. De ahí el descrédito que hoy tiene. Ningún gobierno ha desdeñado utilizarla de cara a intereses partidarios. Hay jueces que evidentemente se han prestado a ese juego y han sumido en desprestigio a todo el sistema judicial. Este juego entre la política y la Justicia se ha visto mucho en los últimos años, y debe ser suprimido”, concluyó.