La Provincia denunció penalmente a Robles y D’Alessandro

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, director general de la Vocalía del presidente de la Corte –Horacio Rosatti– y Marcelo ­D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la presentación los delitos que se les atribuyen a los dos protagonistas de los escandalosos chats que se difundieron en diciembre pasado son “tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público”.

La denuncia explica que “existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del alto tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos, y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, lo cual lo considera “inadmisible en el marco de un Estado de derecho”.

Durante la extensión del documento presentado, se fundamentó por qué los chats entre estos dos funcionarios son una prueba de un acto de corrupción: “Supone una relación entre dos agentes”, en este caso, Robles y D’Alessandro, que tiene como fin cometer “un intercambio irregular de prestaciones entre dos partes”, siendo este el asesoramiento con respecto al Consejo de la Magistratura y la emisión del fallo por la Coparticipación. “Debe existir entre ambos un verdadero pacto o acuerdo delictivo con obligaciones recíprocas”, explica.

“El entramado de corrupción forma parte de un sistema de vinculaciones de favores que trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre lo político”, continúa la denuncia.

Y concluye con que “el predominio de los intereses de determinados funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular de funcionarios y adherentes al partido PRO, es una construcción jurídico-partidaria concertada entre operadores políticos que confluyen en resoluciones judiciales”.

Allanamiento y secuestro de celulares

Además de detallar los vínculos entre el Poder Judicial y los ­funcionarios que responden al gobierno porteño, el gobernador solicitó el allanamiento del Ministerio de Justicia y de Seguridad de la Ciudad, “a los fines de que proceda a la localización de toda documentación y/o instrumento que sea pertinente y de interés para la presente causa”.

Por otro lado, pidió el “secuestro de los teléfonos personales y/o corporativos de los denunciados en autos, a los fines de proceder a sus pericias respectivas que permitan reconstruir la información y la vinculación que en la presente denuncia se formula”.