La Provincia desarrolla la iniciativa Cuidarnos en red

Con el objetivo de prevenir y concientizar sobre graves delitos informáticos, la Provincia desarrolla la iniciativa Cuidarnos en red. En este marco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, brindó algunos lineamientos del programa.

“Desde el Ministerio identificamos que en los últimos años viene creciendo mucho no solo lo que podemos catalogar como violencia a través de los entornos digitales, redes sociales y plataformas informáticas, sino también una modalidad delictiva que afecta ni más ni menos que a la población más vulnerable que son los niños”, advirtió el funcionario titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

Según lo indicado por Mena, el programa interministerial Cuidarnos en red, que lidera el ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde la subsecretaría de Política Criminal, “tiende a brindar herramientas”, y “la primera de ellas es la sensibilización y concientización del fenómeno que estamos abordando”.

En esta línea, el funcionario expresó que, en los medios digitales, redes sociales, plataformas, y hasta los videojuegos, “parece que dieron un terreno fértil a la comisión de gravísimos delitos” sobre los que se encuentran enfocados en prevenir desde la gestión bonaerense, y confirmó: “Luego vamos a tener que legislar mejores crímenes graves como el grooming, que es nada menos que el abuso infantil a través de medios informáticos y electrónicos”.

Sobre esto, Mena agregó que se trata de delitos que están “creciendo y parece que la sociedad no está preparada para defenderse adecuadamente por la complejidad que tiene la utilización del entorno digital, el no saber dónde denunciarlo y el anonimato del infractor”. Además, añadió que se trata de un delito que posee dificultades para las fuerzas de seguridad, que debe salir “a buscar un agresor anónimo y adaptar a eso un sistema judicial que tiene que actuar rápidamente para procesar, saber investigar, y recolectar la prueba”.

Por último, mencionó que la mayoría de las empresas que proveen esos servicios digitales “no están radicadas en el país, los servidores están en otros estados, e interviene toda una nueva práctica de investigación judicial que hace mucho más lentos los procesos”.