Las cajas políticas que inclinan la balanza en la Provincia

La aprobación de la polémica ley de emergencia administrativa puso de manifiesto los millonarios acuerdos económicos que unen al gobierno de Vidal con sectores de la oposición. Negocios turbios y cajas negras para financiar lo peor de la política

¿Qué llevó a legisladores, que forman parte de bloques opositores, a votar una ley que favorece la precarización extrema del empleo público, facilita el ingreso de funcionarios impuestos por las corporaciones económicas y abre la puerta para contrataciones directas millonarias sin control?

Las razones radicarían en vil metal. Según pudo saber Hoy, uno de los principales intereses que tiene el gobierno bonaerense en la ley de emergencia administrativa que se votó ayer (ver notas relacionadas) es que habilita hacer contrataciones directas de forma discrecional y permite ofrecer contratos abultados, equivalente a los que cobran ejecutivos o gerentes de firmas multinacionales, al ejército de asesores del macrismo que desembarcaría en los próximos días en la Provincia, en un Estado que, según las palabras de la propia María Eugenia Vidal, se encuentra quebrado.

Las contradicciones de Massa ayer quedaron expuestas claramente. El líder del Frente Renovador quedó desairado en el congreso nacional, cuando se terminó aprobando una ley antidespidos impulsadas por los K, que será vetada hoy por Macri. Massa no pudo imponer el tratamiento de su proyecto que, supuestamente, buscaba preservar las fuentes laborales. Ahora bien, en la provincia de Buenos Aires, sus legisladores hicieron todo lo contrario: levantaron la mano para que se sancione una norma que podría implicar una precarización laboral a gran escala y despidos en masa en el Estado.

Explicaciones

Para entender el por qué de semejante contradicción hay que remitirse al acuerdo global entre el gobierno de María Eugenia Vidal y algunos sectores que se dicen opositores. A grandes rasgos, este entendimiento estipula votar proyectos enviados por el Ejecutivo a libro cerrado -o con mínimas modificaciones- a cambio de tener acceso a cargos que garanticen un permanente flujo de fondos para alimentar cajas políticas.

El pacto incluye, además del proyecto aprobado ayer, la ley de emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos que fue sancionada el mes pasado. Tal como lo informó Hoy, esta norma es la llave de ingreso a la Provincia de empresas y empresarios estrechamente ligados al macrismo, quienes aspirarían a quedarse con contrataciones millonarias sin cumplir con los más mínimos requisitos que se les exige a los que ya son proveedores y contratistas del Estado bonaerense. En ese sentido,  gracias a esta norma, las firmas contratadas ni siquiera tienen que estar inscriptas en el registro oficial de la Provincia.

La ley de emergencia en infraestructura también faculta a los “Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias”, aumentar hasta 35% las prestaciones y montos de los contratos existentes. En ese sentido, llama la atención que se haya establecido este porcentaje cuando el gobierno bonaerense impuso unilateralmente, en las últimas negociaciones paritarias estatales, un irrisorio aumento del 12% en dos cuotas para gran parte del universo de los empleados públicos de la Provincia.

A partir del pacto entre Cambiemos y el Frente Renovador también se votaría, a libro cerrado, el proyecto de obras públicas que fue enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual también se buscaría favorecer a los empresarios amigos del poder.

A través de Jorge Sarghini, la fuerza política que lidera Sergio Massa actualmente ostenta la presidencia de la Cámara de Diputados, una caja que, de acuerdo a la ley de presupuesto, este año ascenderá a la friolera suma de  $ 2.457 millones, 47% más respecto a 2015. En otras palabras, el aumento porcentual recibido por la Cámara triplica el irrisorio incremento salarial que fue otorgado por el gobierno de Vidal a los trabajadores estatales de la provincia, que ayer reclamaron masivamente frente a la Legislatura.

“Una parte de la caja de Diputados termina en Tigre”, le dijo a Hoy una importante fuente legislativa. Y agregó que, en las últimas horas, el Frente Renovador también habría pactado con Cambiemos el pase a planta permanente de la Legislatura de numerosos operadores políticos.

Cabe destacar, asimismo, que Cambiemos le permitió a Massa poner dos directores (Daniel Arroyo y Mario Meoni) en el Banco Provincia, otra de las principales cajas del Estado bonaerenses, como así también al subcontador general de la Provincia (Carlos Vittor, de extrema confianza del ex intendente de Tigre) y al subtesorero general (Facundo Fernández).

Tranzas con el FAP

Ahora bien, ¿qué habría llevado a los diputados del Frente Amplio Progresista-GEN, que lidera a nivel nacional por Margarita Stolbizer y cuya bandera es la lucha contra la corrupción, a adoptar la misma actitud que los massistas? La misma razón: la caja política.
 
Según pudo saber Hoy, los integrantes del FAP-GEN mantendría suculentos contratos políticos en la Fiscalía de Estado de la Provincia, a lo que este año le sumaron la posibilidad de morder en el directorio de un organismo que, desde hace años, es considerado como uno de los principales agujeros negros de la Provincia como es el Instituto de Previsión Social (IPS). Allí asumió el ex diputado provincial Miguel Juárez.  El Fap-GEN también se quedó con la dirección de Relaciones Institucionales del Consejo Provincial de la Mujer, donde asumió Gladys Villalba, y participa -con Daniel Rodil- en el directorio del Organismo de Control de Agua de la Provincia (OCABA), que también sería una importante usina de contratos políticos.

En definitiva, la política bonaerense se vuelve cada vez más turbia.