Letrados porteños rechazan el fallo Antilavado

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, insistió en cuestionar las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la ley antilavado que incluyeron a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de sus clientes y anunció que llegarán con sus planteos hasta la Corte Suprema porque “viola el secreto profesional”.

Las declaraciones se concretaron luego de que la jueza en lo contencioso administrativo, Rita María Ailan, rechazó una acción de amparo colectivo interpuesta por esa entidad contra las decisiones gubernamentales.

Gil Lavedra afirmó que “la decisión de la jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo llega a la inadmisible conclusión de que el ejercicio de la abogacía se circunscribe al litigio, a todo tipo de proceso. Solo ahí juega el secreto profesional”. Y agregó: “esto es abiertamente equivocado”.

“Siempre que se pide la intervención de un abogado o de una abogada por sus conocimientos del Derecho, se está ejerciendo ejercicio profesional. Todas las actividades que realizan son ejercicio profesional y todas están incluidas en el secreto profesional”, subrayó en un comunicado.

“Con mayor razón, cuando las actividades subyacentes que trae la norma se encuentran suficiente controladas por otros sujetos obligados”, aseguró el recientemente reelecto titular del Colegio Público porteño. En ese contexto, Gil Lavedra reiteró su convicción acerca de que la norma “viola el secreto profesional”, anunció que va a apelar a la Cámara. “Y seguiremos hasta la Corte, si es preciso”, añadió.

Tras la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la Argentina, el Ejecutivo reglamentó en marzo la nueva ley antilavado, sancionada en el Senado. Esta nueva ley incorpora a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, tal como rige para contadores, escribanos y otros profesionales.