Milei a puro show y el país en caída libre

El Indec dio a conocer que la actividad económica cayó un 8.4 % en marzo, además el dólar blue se disparó nuevamente y avanza un plan para achicar las empresas públicas antes de la ola privatizadora. Mientras, el efecto Misiones continúa su ola expansiva.

Política

23/05/2024 - 00:00hs

Mientras el Presidente disfruta de las luces del Luna Park, la economía, curiosamente donde el Presidente tiene su especialidad, le devuelve números que preocupan.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja del 8,4 % en marzo, en comparación a igual mes del año pasado. De esa manera, el trimestre cerró con una caída en el nivel de actividad del 5,3 %. Según el trabajo del Indec, la retracción de marzo fue la quinta al hilo, tras los malos resultados medidos en noviembre (–0,9 %), diciembre (–4,5 %), enero (–4,1 %) y febrero (–3 %). El último resultado positivo se dio en octubre pasado, cuando el EMAE mostró una variación del 1 % a favor.

Con relación a igual mes de 2023, seis sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en marzo, entre los que se destacan Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+14,1 % ia) y Explotación de minas y canteras (5,9 % ia).

Por su parte, nueve sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (–29,9 % ia) e Industria manufacturera (–19,6 % ia). Junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (–16,7 % ia), aportan 6,6 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE.

El dólar blue, en alza

El dólar blue sigue su rally vertiginoso esta semana y volvió a subir 40 pesos, ayer, en la city porteña, para cerrar en $1.275. Antes, sin embargo, tocó, los $1.280 para marcar un nuevo récord nominal.

En este proceso, donde también los siguieron los dólares financieros, las brechas volvieron por encima del 40 %, valores que no se registraban desde fines de enero.

Sobre este movimiento, impulsado por la baja de tasas del Banco Central, cierto ruido político por la dilatación de la resolución de la Ley Bases en el Congreso y la cosecha gruesa que no termina de arrancar, el Gobierno trata de bajarle la espuma y ve un proceso normal de un precio más de la economía que se actualiza.

En la conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “la cotización estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo. No hay razón alguna para que esto tenga alguna implicación en precios más allá del proceso inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina”.

El plan de despidos

En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo comenzó a preparar el terreno para la ola privatizadora al intensificar su política de recortes de gastos en empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, AySA o el Correo Argentino, que reciben aportes del Tesoro Nacional y son deficitarias, con el propósito de equilibrar sus cuentas.

Por el momento, se activaron miles de despidos de personal —el set de empresas a privatizar abarca un universo de unos 70.000 empleados— y se abrieron programas de retiros voluntarios para achicar las plantas de un puñado de las nueve compañías que el Gobierno intentará desprenderse.

A su vez, se ejecutan una batería de medidas, como planes de reestructuración o eliminación de cargos políticos, para ajustar los presupuestos de las empresas y lograr una mayor productividad y eficiencia, según fuentes de la jefatura de Gabinete.

La vocación reformista de Milei nada contracorriente. Es que la avanzada para achicar de forma drástica costos y plantillas de empleados de las empresas estatales —unas 108.000 personas, lo que representa un 7,6 % del empleo público nacional— pone en pie de guerra a los gremios en plena tensión social por los efectos de la recesión, los despidos y la caída del poder adquisitivo del salario.

Los conflictos gremiales se extienden a más provincias

Tal y como anticipó este medio el miércoles, el conflicto en Misiones ha puesto patas arriba a las autoridades provinciales y se empieza a replicar en otras provincias.

En el mes de abril de 2024, hace escasos treinta días, se conoció una encuesta que valoraba al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, liderando el ranking de los mandatarios provinciales con una imagen positiva del 64 %. En segundo lugar, quedó Gustavo Valdés, de Corrientes, con 64.2 % y se agregó al podio a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 62.9 %. Los tres gobernadores son muy cercanos al Gobierno de Milei, lo que ha quedado expresado en el apoyo a las iniciativas legislativas de la Casa Rosada, por sus diputados y senadores.

La realidad es que, hoy, el gobernador de Misiones tiene su provincia incendiada, ahora no solo debe responder a las exigencias de aumentos salariales de docentes y trabajadores estatales de salud, sino que se han sumado los policías, los penitenciarios, los guardaparques, los ambulancieros y los tareferos. Que policías y docentes estén coordinando luchas, es un hecho histórico.

En Corrientes, hay reclamos de empleados municipales, el martes, se realizó una movilización de judiciales, que se concentraron en inmediaciones del ex Banco de Corrientes y terminaron frente al Superior Tribunal de Justicia (STJ). En este gremio, continúan con trabajo a reglamento y quite de colaboración por tres horas. Además, ayer se movilizaron policías retirados, docentes y empleados públicos para exigir una recomposición salarial urgente. Las docentes correntinas agrupadas en Suteco denunciaron que “el Salario Básico docente está en $112.000 y el Inicial $437.000 con los dos plus, lo cual roza la Línea de Indigencia”. Exigen que el salario inicial iguale o supere a la Línea de Pobreza ($828.158 al cierre de abril). Tratando de tranquilizar a los estatales, el gobernador Valdez anunció hace unas horas un aumento del 10 %. Para el viernes, hay una amenaza de paro de los colectiveros.

Por el lado de Tucumán, la situación parece más tranquila, pero lo salarial sigue sin resolverse. Los gremios tucumanos nucleados en el Frente de Unidad Docente Estatal (FUDE) rechazaron el bono de 40.000 pesos y resolvieron adherir al paro nacional del día jueves. También hay versiones de descontento policial.

En Mendoza, la Secretaría de Trabajo provincial pretende declarar “servicio esencial” al Poder Judicial para restringir el ejercicio de las medidas de fuerza. La cuestión salarial y estos intentos de avance inconstitucionales son los principales reclamos del Paro Nacional Judicial de hoy convocado por la Federación Judicial Argentina.

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