Revés judicial contra Caputo por el precio de los combustibles
La Justicia vuelve a obligar a las petroleras a informar los aumentos, exigencia que el Gobierno nacional había eliminado.
El CELS calculó el gasto de los operativos de seguridad desplegados durante la marcha de los jubilados de los miércoles a lo largo del 2025.
22/07/2026 - 00:00hs
A partir de información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) logró establecer que el gobierno de Javier Milei destinó en 2025 más de dos mil millones de pesos solamente en la represión a jubilados durante la marcha alrededor del Congreso que realizan todos los miércoles en reclamo de mejores ingresos.
Hubo 43 operativos entre enero y diciembre de 2025, con participación de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval. En cada represión, en promedio, participaron 915 efectivos.
Los ítems de combustible y gastos de equipamiento de cada operativo costaron en promedio $48,5 millones. No obstante, el CELS explicó que “esta cifra es conservadora” porque “el cálculo queda muy por debajo del costo real si se añaden, entre otros gastos, las horas de servicio obligatorio y los servicios adicionales de los cerca de 40 mil efectivos desplegados” que la cartera que condujo en 2025 Patricia Bullrich no informó.
Asimismo, “el presupuesto que el Ministerio de Seguridad destinó ese año para reprimir jubilados y jubiladas equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido (según el promedio de ese año)”, según señaló el documento del CELS. De los dos mil millones de pesos informados, 35 millones fueron para combustible de los vehículos de todas las fuerzas y todo el resto (el 96% del gasto) para gastos de “equipos” de la Policía Federal. El Gobierno no aportó mayores precisiones.
Por otro lado, el trabajo cruzó datos con la información relevada por distintas organizaciones que monitorean las protestas y atienden personas heridas, como Posta Sanitaria, Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), Comisión Provincial de la Memoria de la PBA, Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA. El resultado es que, de las 43 protestas de jubilados en las que intervinieron fuerzas federales, al menos 28 fueron reprimidas. En total, hubo 149 detenciones arbitrarias y al menos 501 personas con heridas de distinta gravedad por balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y carros hidrantes.
La mayor represión
El operativo más costoso fue el 12 de marzo del año pasado, día en que fue herido por un disparo de una granada de gas lacrimógeno el fotoperiodista Pablo Grillo. En aquella jornada, 1.266 efectivos de las distintas fuerzas federales participaron de la represión. Uno de ellos, el cabo de Gendarmería, Héctor Guerrero, disparó la granada que impactó en el reportero. Actualmente, está acusado por los delitos de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” y “abuso de armas agravado”.
Al respecto, el CELS concluyó: “El gobierno Nacional no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y a la protesta social. Aborda el conflicto, no como algo propio de las democracias, sino como un problema de seguridad, al que responde con un despliegue descomunal de recursos”.