En 2018, la agrupación Abogados por la Justicia Social había denunciado ante la ONU la persecución de jueces y fiscales argentinos.
09/07/2020 - 00:00hs
La ONG Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentó en Tribunales una solicitud para aportar pruebas en la causa de la denominada “Mesa judicial”, mediante la cual Cambiemos presionaba a jueces y fiscales.
AJUS, que en 2018 había realizado ante las Naciones Unidas una denuncia por la avanzada del macrismo contra la Justicia argentina, presentó ante el juez federal Sebastián Ramos un pedido para aportar en calidad de amicus curiae las pruebas aportadas ante la relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU.
La asociación Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) explicó en su presentación ante el juez Ramos que la acusación formulada ante la ONU en 2018 describe de modo exhaustivo el mecanismo diseñado por la coalición Cambiemos, junto a medios de comunicación, para vulnerar la independencia de los magistrados y la existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina.
También relata que, tras esa denuncia, el relator especial para la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, intimó el 1° de noviembre de 2019 al gobierno de Mauricio Macri a elaborar un informe sobre las acusaciones. Lo que en concreto significa que la propia ONU calificó como veraz la denuncia que había sido presentada en 2018.
El titular de AJUS, Emanuel Desojo, junto a la abogada patrocinante, Natalia Salvo, informaron que la solicitud de amicus curiae aporta pruebas en torno a casos que tienen como víctimas a un conjunto de jueces y fiscales perseguidos por la alianza Cambiemos: Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli, Diana Cañal, Martina Forns, Daniel Rafecas y Gabriela Boquín.
También aporta precisiones, tal como lo hizo la ONG ante la ONU, sobre la metodología implementada por la “Mesa judicial”, aspectos materiales que evidencian la presencia de un plan sistemático para violentar la independencia y la imparcialidad de jueces y fiscales.
La organización también proveerá al tribunal que lleva adelante la causa aquellos estándares jurídicos internacionales atacados por el gobierno de la coalición Cambiemos.