Es por asociación ilícita, en la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. El dictamen también alcanzó al exministro Julio de Vido, al exsecretario de Obras Públicas, José López, y al empresario Lázaro Báez
19/12/2017 - 02:07hs
Un nuevo revés judicial sacude a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A pocos días de su procesamiento por la causa que investiga la firma del Memorándum con Irán, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron su envío a juicio oral y público por asociación ilícita y defraudación contra la administración pública por la investigación del direccionamiento de la obra pública a favor del detenido empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz durante su gobierno.
La medida alcanza también al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, al exsecretario de Obras Públicas de la Nación y mano derecha de De Vido, José López, y al propio Báez, quien habría sido el beneficiado por las presuntas maniobras. Los fiscales además quieren ver sentados en el banquillo a otra decena de personas que están involucradas en la causa, entre ellos Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal; Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional; y Martín Báez, hijo de Lázaro Báez y directivo de las empresas del Grupo Báez. El juez federal Julián Ercolini procesó en diciembre de 2016 a los acusados, lo cual fue ratificado en noviembre de este año por la Cámara Federal.
La causa considera el delito precedente de otras investigaciones por lavado de dinero, definidas como la instancia de “reciclaje de fondos” que pertenecían al Estado y que permitieron “enriquecer el patrimonio” de los expresidentes. En este marco, la Justicia determinó que existieron “distintos circuitos para el obrar delictivo”, el primero de ellos dirigido al “apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública” y el otro, destinado “al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”.
Pollicita y Mahiques consideraron cerrada la investigación y le presentaron un dictamen a Ercolini para que la causa pase a un tribunal oral para el juzgamiento de los acusados. Hace algunos meses, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya habían solicitado que el expediente pasara a juicio. Ahora, el juez deberá pedir la opinión a las defensas sobre el cierre de la causa y el envío a juicio oral. Luego Ercolini quedará en condiciones de resolver todos los planteos.
Direccionamiento e irregularidades
La causa investiga el direccionamiento de obra pública tanto del gobierno de Néstor como del de Cristina Kirchner para las empresas del Grupo Báez, a partir de ciertas irregularidades, que incluyen sobreprecios o falta de terminación. De acuerdo a un informe de Vialidad Nacional, el grupo Austral Construcciones habría recibido algo más de $46.000 millones.
Según lo que planteó Pollicita, este circuito de contrataciones “irregulares” permitió que el patrimonio de Báez creciera, entre 2004 y 2015, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Según el fiscal, en esta causa se investiga una “operatoria criminal” con la cual desde los gobiernos anteriores y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública”, se montó “una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de $46.000 millones.
Además de esta causa, la actual senadora está siendo investigada en otras dos por lavado de activos y corrupción en la obra pública durante su gobierno. Los Sauces y Hotesur son dos de los expedientes abiertos en los que se investiga si la familia Kirchner recibió dinero por el alquiler de propiedades y hoteles de su propiedad de parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López.