Plan Qunita: La Morsa, a juicio oral

Así lo dictaminó el fiscal Eduardo Taiano, en el marco de la causa que investiga la millonaria defraudación al Estado que, a través del plan K, se habría realizado en la compra de kits para recién nacidos. Tal como reveló el diario Hoy, varias de las firmas beneficiadas por la licitación eran “fantasmas” y estaban radicadas en La Plata

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal “La Morsa” Fernández, deberá ir a juicio oral. Así lo dictaminó el fiscal federal Eduardo Taiano, en el marco de la causa Qunita, que investiga la millonaria defraudación al Estado que, a través de ese plan K, se habría realizado en la compra de kits para recién nacidos. 

Para Taiano, que en su requerimiento también incluyó al exministro de Salud, Daniel Gollián; al exvice de esa cartera, el camporista Nicolás Kreplak; a otros 15 exfuncionarios y a proveedores del Estado, el gobierno de Cristina Kirchner habría pagado unos $3.000 de “precio excesivo en detrimento de la administración” en cada uno de los 150.000 kits para bebés, que habrían costado al Estado cerca de $1.100 millones.

Una licitación “direccionada” que llegó hasta La Plata

Fasano SRL, Fibromad SA, Grupo Diela SRL, Compañía Comercial Narciso SRL, Delta Obras y Proyectos SA y Dromotech SA fueron las firmas ganadoras de esa licitación que el fiscal entiende como “direccionada”, por lo que sus proveedores también fueron solicitados para el juicio oral. 

Tal como reveló el diario Hoy en su edición del 10 de octubre pasado, Grupo Diela, Narciso, Delta y Dromotech tienen un denominador común: fueron fundadas en La Plata, ninguna contaba con experiencia en el rubro maternal y la mayoría eran compañías fantasmas. En total, el plan K las benefició en más de $150 millones (ver aparte).

Funcionarios y proveedores fueron imputados por el fiscal como supuestos coautores del delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”, tipificado en el artículo 174 del Código Penal, que prevé condenas de dos a seis años de cárcel. Al hacerlo, el representante del ministerio público destacó la “irregular adquisición o provisión, de acuerdo al rol desempeñado” de los elementos que componían cada kit y subrayó que “se infringieron las normativas de la ley de contrataciones de la administración pública”.

Con esta solicitud, Taiano cumple con los pasos procesales de la Justicia, luego de que en junio pasado el juez federal, Claudio Bonadio, diera por cerrada la etapa de investigación y considerara que estaba en condiciones de ser enviada a juicio oral.

La corrupción que puso en riesgo la vida de los bebés

El Plan Qunita fue presentado por la expresidenta el 16 de julio de 2015 en Tecnópolis, y allí la entonces mandataria soltó una declaración que, a la postre, devino en “la punta de un iceberg” corrupto: “Todo esto junto no cuesta $11.000 pesos, puedo dar fe de que no, cuesta mucho más. Yo, que estoy comprando cosas, sé que no sale eso, sale más”.

A través de Qunita, el Estado otorgó un kit maternal a mujeres que percibían la Asignación Universal por Embarazo (AUE): cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, cremas y otros elementos para los recién nacidos.

Pero en abril pasado, el Gobierno de Mauricio Macri derogó el programa por los riesgos y la “peligrosidad” de algunos elementos que se entregaban en el kit. Por ejemplo, un informe solicitado por la subsecretaría de Salud Comunitaria, Maternidad e Infancia estableció que las bolsas de dormir de las cunas eran “muy riesgosas, dado que el bebé puede patinar hacia adentro y cubrir su cara y cabeza con riesgos de accidentes, sofocación mecánica, estrés térmico, entre otras cosas”.

Lo que reveló el diario Hoy

Desde estas páginas, el 10 de octubre del año pasado revelamos que el gobierno de Cristina Kirchner benefició con sobreprecios y licitaciones direccionadas para la construcción de cunas a empresas radicadas en La Plata, y que la mayoría de esas compañías eran fantasmas, constituidas en casas de familias, sin apariencia comercial ni identificación en su fachada. 

Para esas compañías, que en 2014 declararon ganancias irrisorias, su ingreso al programa K significó un salto de hasta el 3.675% en sus balances. De ellas, cuatro contaban con domicilio fiscal en la Ciudad: Delta Obras y Proyectos SA (que recibió del Estado $29.991.000), Compañía Comercial Narciso SRL ($29.760.500), Grupo Diela SRL ($39.780.000) y Dromotech SA ($49.984.000). 

Una defraudación de $300 millones

Para la legisladora porteña y denunciante de la causa Qunita, Graciela Ocaña (Confianza Pública), con el plan K se “montó un negociado con sobreprecios al doble del valor real”, que implicó una defraudación al Estado por $300 millones.

“Yo compré un kit de calidad superior y gasté la mitad de lo que el Estado invirtió en comprar 140.000 kits”, recordó Ocaña, al tiempo que insistió en que “bajo una buena política pública, el kirchnerismo montó un negociado con sobreprecios al doble del valor real”.

“Se armó todo de tal forma que ganaran las empresas beneficiadas, cuyas razones sociales no tenían que ver con el rubro que se estaba licitando”, señaló la legisladora, quien a su vez precisó que el proceso de licitación “se realizó en un tiempo récord”.

La legisladora indicó además que la investigación judicial ubicó la defraudación al Estado en “$300 millones” con el agravante de que “las cunas se tuvieron que dar de baja porque las autoridades, como el INTI, dijeron que solamente soportaban 6 kilos, es decir que si el bebé superaba ese peso, corría riesgo su vida”.