Plan Qunita: la Oficina Anticorrupción será querellante

La Justicia aceptó que el órgano de control pueda participar en la investigación que tiene en la mira a Aníbal Fernández por una defraudación millonaria en la compra de 140.000 kits para recién nacidos

La Oficina Anticorrupción (OA) fue aceptada ayer como querellante en la causa que investiga una presunta defraudación en la compra de kits para recién nacidos, en el marco del denominado Plan Qunita, que debería haber beneficiado a madres de sectores sociales marginados durante el gobierno kirchnerista.

La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso que la OA pueda participar de la investigación y del futuro debate oral y público, en respuesta al pedido de “pronto despacho” formulado por el organismo, luego de que el juez federal Claudio Bonadío omitiera pronunciarse sobre la cuestión, siguiera adelante con el expediente y considerara finalizada la etapa de instrucción.

En la causa que investiga el pago de sobreprecios y otras irregularidades cometidas en el marco del Plan Qunita están procesados por “fraude en perjuicio de la administración pública” el exjefe de Gabinete Aníbal “La Morsa” Fernández, el exministro de Salud Daniel Gollán y el exviceministro de Salud que manejó la licitación Nicolás Kreplak, entre otros.

Fernández quedó procesado porque, junto a Gollan, fueron los firmantes de la adjudicación de la licitación para proveer los kits con productos a madres de recién nacidos beneficiarias de planes sociales. Según la Justicia, la misma fue direccionada con pago de sobreprecios y entregada a empresas sin experiencia en el rubro.

El 28 de junio último la OA había solicitado un “pronto despacho” para que Bonadío respondiera a su solicitud de ser tenida en cuenta como querellante. Ante la negativa del magistrado, el organismo presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal.

Los camaristas hicieron lugar al pedido con el argumento de que la OA “tiene la facultad de intervenir como parte querellante en procesos judiciales”, otorgada por la Ley de Ministerios.

“La jurisprudencia de esta Sala ya ha tomado posición sobre la cuestión debatida, reconociendo el derecho de la Oficina Anticorrupción a ser legitimada activamente en casos de este tipo”, sostuvieron los jueces.

La causa se inició tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la compra de 140.000 kits del Plan Qunita por unos 1.100 millones de pesos, el cual fue presentado en enero de 2015 y consistía en que todas las mujeres beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) recibieran cuna, sábanas, frazadas y otros elementos básicos para la crianza del recién nacido.

La SIGEN advirtió que algunas cunas no servían para bebés de más de siete kilos y que los precios pagados eran “excesivos e injustificados”.

Además, en febrero pasado se comprobó que los kits eran inseguros y que ponían en riesgo la vida de los bebés, por lo que el Gobierno suspendió el programa.

Lo que reveló el diario Hoy

El Plan Qunita que hoy investiga la Justicia configura uno de los tantos casos de corrupción K, sector que para concretar sus desfalcos no tuvo reparos a la hora de analizar la situación de los argentinos más pequeños.

De ello dimos cuenta en el diario Hoy, medio erigido como una voz quijotesca y solitaria en el marco del desierto informativo que muchas veces protegió a los Kirchner.

Desde estas páginas revelamos, el 10 de octubre de 2015, que el gobierno anterior benefició con sobreprecios y licitaciones direccionadas para la construcción de cunas a empresas radicadas en La Plata, y que la mayoría de esas compañías eran fantasmas, constituidas en casas de familias, sin apariencia comercial ni identificación en su fachada. 

Para esas compañías, que el año pasado declararon ganancias irrisorias, su ingreso al programa K significó un salto de hasta el 3.675% en sus balances. De ellas, cuatro contaban con domicilio fiscal en la Ciudad: Delta Obras y Proyectos SA. (que recibió del Estado $29.991.000), Compañía Comercial Narciso SRL ($29.760.500), Grupo Diela SRL ($39.780.000) y Dromotech SA. ($49.984.000). 

Ese material fue aportado por la legisladora porteña Graciela Ocaña en la causa iniciada tras su denuncia y por la que el juez Claudio Bonadio ordenó 23 indagatorias, entre ellas, al entonces jefe de Gabinete, Aníbal “La Morsa” Fernández; al exministro de Salud, Daniel Gollán, y al exviceministro de Salud, Nicolás Kreplak.