Por incumplir una orden judicial, embargaron a la ministra de Salud

La titular de la cartera sanitaria bonaerense, Zulma Ortiz, fue multada con $325.000 por no acatar una medida cautelar que ordenó al Estado cubrir prestaciones médicas a un paciente en “estado crítico”. El fallo fue dispuesto por el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias

En un contexto de creciente conflicto entre los trabajadores de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (que esta semana pararon por 48 horas y continuarán la próxima, durante 72, en reclamo de insumos, medicamentos, mejoras laborales y edilicias), el sistema sanitario bonaerense recibió ayer un duro revés judicial, con la ministra Zulma Ortiz como blanco principal.

Así lo decidió el fallo del doctor Luis Federico Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, quien ordenó multar y embargar por $325.000 a la funcionaria, a raíz del incumplimiento de una medida cautelar que dictaminó la cobertura de prestaciones médicas, tratamiento, intervenciones y medicamentos a un paciente “de alto riesgo y en delicado estado de salud”.

De la resolución, a la que accedió diario Hoy, se desprende que el 1º de diciembre de 2015 la Justicia intimó al Ministerio provincial a garantizar la cobertura, a través del Programa Federal Incluir Salud, “bajo apercibimiento de hacer efectivas las sanciones” de cinco mil pesos por cada día de demora. 

Pero, a la fecha, la cartera que conduce Ortiz “permanece renuente” a cumplirla, lo que para el juez justificó la multa de $325.000, “producto de sumar el monto de cinco mil pesos que fuera apercibido, por la cantidad de días (65), que transcurrieron desde el vencimiento de aquel plazo al día de la fecha”. Y, para garantizar el cumplimiento de la medida, Arias trabó un embargo al sueldo de la ministra, hasta cubrir la suma establecida.

La cuestión humanitaria

En diálogo con este medio, Arias señaló: “Estamos ante una cuestión humanitaria. A esta persona (cuyo nombre y apellido se resguarda) le falta un brazo, no puede hablar, fue sometida a un trasplante de órganos y debe hacerse un tratamiento muy complejo, al que los hospitales públicos no pueden hacer lugar”.

Por esto, el dictamen hace hincapié en que la Fundación Favaloro “es la entidad más apropiada para brindar el tratamiento (…), tanto por su idoneidad como por el conocimiento particularizado que ostenta del caso”.

Asimismo, el texto judicial advierte que la eminente institución se habría negado a garantizar la atención por “la existencia de una deuda que el sistema mantendría” con el mencionado establecimiento. No obstante, Arias amplió la medida cautelar, obligando a la Fundación “a brindar la atención, consulta y diagnóstico actualizado, así como la prescripción de los medicamentos y/o tratamientos necesarios, ya que si bien no es un ente estatal, ello no es impedimento para eximir su obligación de prestar asistencia, al menos por razones humanitarias, a fin de proteger la vida e integridad física de su paciente. Una solución contraria implicaría colocar al afectado en estado de abandono”.

En este sentido, el magistrado volvió a advertir sobre la “cuestión humanitaria”. “No podemos interponer la economía ante la salud de las personas, no podemos comercializar el sistema sanitario. La institución luego deberá arreglar los números con la Provincia, podrá judicializar el caso, incluso, pero 

primero está la vida de este paciente”, dijo ante este diario, y sentenció: “El gobierno, además de cometer un delito por su incumplimiento, ha mostrado un alto grado de deshumanización”.

Desobediencia judicial

Según el fallo, la ministra Ortiz mostró “una clara desobediencia de la orden judicial”. Además advierte que “el incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial implica un acto de suma gravedad institucional, y la negación misma del Estado de Derecho, que exige el pleno sometimiento de la Administración al ordenamiento jurídico, a la vez que socava la legitimidad del poder administrador para exigir el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos”.

“El Gobierno no se ajustó a la ley, no cumplió con las normas judiciales”, amplió Arias a diario Hoy, y se preguntó: “¿Cómo podemos exigirle a la sociedad que se ajuste a Derecho si es el propio Gobierno el que lo viola?”

Un sistema sanitario en coma

El embargo dispuesto ayer contra la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, por no garantizarle las prestaciones médicas a un paciente en estado crítico, en parte echa luz, de un modo descarnado, sobre la problemática acuciante que padece el sistema sanitario provincial.

Esta semana, los trabajadores de los 79 hospitales públicos de la Provincia pararon por 48 horas y la semana entrante lo harán por otras 72, en reclamo de mejoras salariales, contra la falta de medicamentos e insumos básicos, como así también por la crisis edilicia que afecta a los nosocomios. 

De hecho, tal como publicó Hoy días atrás, 53 de los 79 establecimientos públicos bonaerenses se encuentran en estado crítico. 

Las razones del deterioro, se informó entonces, hay que buscarlas en que ni siquiera se estarían ejecutando muchas de las partidas contempladas en el Presupuesto 2016. Por ejemplo, en el rubro bienes de consumo (que incluye insumos y provisiones para hospitales), se presupuestaron para todo el año $3.438 millones y, según la Contaduría de la Provincia, en el primer semestre solo se gastaron $839 millones. 

La subejecución presupuestaria también se hace evidente en programas como VIH-Sida y Hepatitis Virales, que en el primer semestre no insumieron un solo peso de los 20 millones asignados. Algo similar ocurre con Salud Bucal, que solo utilizó $92.000 de los $6,1 millones; o con Prevención de las Adicciones y Violencia de Género, que gastaron apenas $49.000 de los $2,3 millones presupuestados.

Frente a este estado de cosas, ya trascendió que el gobierno de María Eugenia Vidal analiza bajar el presupuesto sanitario del 6,36% al 5,62%. Unos $3.867 millones menos que este año, un monto que permitiría construir o refaccionar al menos cinco hospitales de alta complejidad.