Presentan nuevos amparos en contra de la reforma previsional

Dos nuevas presentaciones judiciales fueron realizadas en la jornada de ayer en contra de la ley de reforma previsional por considerar que su carácter es “inconstitucional” y que es “regresiva” la nueva fórmula de movilidad.

Por un lado, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (Cecim) en conjunto con el Centro de Veteranos de Guerra de Berisso (Cevecim) presentaron un amparo en el Juzgado Federal nº 2 de La Plata.

Mario Volpe, referente del Cecim, señaló que “la presentación busca declarar inconstitucional la reforma”. “Venimos por los excombatientes, que se ven totalmente dañados y vulnerados nuevamente por una norma que no cumple con los tratados internacionales, que no es progresiva”, agregó. 

En este marco, Volpe destacó que la ley “puede causar una posguerra, como pasó en estos últimos años, con más de 400 excombatientes suicidados que tenían problemas de salud. Es un colectivo vulnerable que se ve nuevamente afectado”.

Según precisaron en el recurso, con la aplicación de la ley, “se quitarán del bolsillo, para marzo del año próximo, más de 1.989 pesos por excombatiente”.

Por otro lado, en los Tribunales Federales de la capital de Córdoba, los abogados Horacio Viqueira y Valentina Enet realizaron una presentación como patrocinadores del jubilado Julio César Spidialeri. Los letrados solicitaron que hasta que se resuelva su planteo de inconstitucionalidad de la ley, se mantenga vigente la actual 26.417 de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público.

“La nueva fórmula de movilidad es regresiva y en consecuencia inconstitucional. Representa un claro retroceso y una violación del principio de progresividad previsto en los pactos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país”, indicaron los abogados.

Cuestionamientos sobre el magistrado

Tras la sanción de la ley que modifica la fórmula previsional y ante las demandas que acusan a la medida de “inconstitucional”, la Anses solicitó que las acciones judiciales se centralicen en un solo juzgado. La polémica se instaló luego de que el magistrado elegido para concentrar todas las presentaciones sea el juez subrogante Fernando Strasser, quien ya recibió dos pedidos de recusación.

Según indicaron desde Anses, el pedido tiene por objetivo que se dé cumplimiento a un planteo de la Corte Suprema, que buscó evitar que haya sentencias contradictorias con respecto a un tema sobre el cual, en última instancia, terminará decidiendo el tribunal supremo. 

Sin embargo, los cuestionamientos hacia Strasser apuntan hacia su condición de subrogante, ya que depende de los senadores de Cambiemos y del PJ en el Senado para que aprueben su designación como juez titular. Es decir, su estabilidad como magistrado responde de una cuestión política.

Otras actuaciones en marcha

El abogado previsionalista Christian D’Alessandro fue uno de los que el miércoles pasado presentaron un amparo colectivo. Esa misma jornada, otro especialista en la materia, Miguel Ángel Fernández Pastor, realizó lo propio, pidiendo la inconstitucionalidad de la Ley nº 27.426 y del Decreto 1.058/17, por afectar derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y de los Instrumentos de Derechos Humanos incorporados a ella con más de 70 carillas de fundamentación.

En tanto, 24 horas antes a las acciones de D’Alessandro y de Fernández Pastor, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, llevó a cabo la presentación de un amparo judicial en nombre de todos los jubilados para que la reforma previsional sea declarada inconstitucional.

“Lo presentamos junto a centros de jubilados de San Martín en representación de todos los adultos mayores de nuestra ciudad, entendiendo que hay una violación a principios básicos del sistema de seguridad social”, explicó el jefe comunal.

Al mismo tiempo, en Catamarca otro amparo fue presentado en forma colectiva para tratar de evitar que la ley se lleve a cabo. La asociación Bienaventurados los Pobres (Be.Pe), junto a la Agrupación de Abogados Populares vehiculizaron la medida en contra de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

Pedidos de recusación y sospechas

El abogado previsionalista Miguel Ángel Fernández Pastor solicitó el miércoles que se declare la inconstitucionalidad de la reciente ley y del DNU del bono compensatorio. En ese marco, agregó un pedido de recusación al juez Fernando Strasser por “enemistad manifiesta”. Considera que el magistrado es un subrogante cuyo nombramiento depende de la firma de Mauricio Macri, por lo que lo acusa de imparcial.

Por otra parte, Juan Grabois, representante legal de la CTEP, también formuló un pedido de recusación por llevar una “conocida vida social del ámbito del PRO”. Grabois consideró que el juez “está presionado” y que “tiene vínculos muy estrechos con el gobierno de turno y no debe ser la persona que analice los amparos contra la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso”.

“Ya tuvo dos fallos escandalosos, uno habilitando el uso del fondo de sustentabilidad de la Anses y, el peor de todos, planteando que el Ministerio de Desarrollo Social había hecho muy bien en recortar las pensiones a los discapacitados”, agregó el letrado.

En la misma línea se manifestó Jerónimo Guerrero Iraola, abogado que representa al Cecim de La Plata, quien, en diálogo con este medio dijo: “Nos vamos a someter a las normas respecto de lo que son los procesos colectivos, pero vamos a poner reparos en los mecanismos de selección de los jueces”.

“Lo que sucedió con el juez nos parece al menos extraño, primero porque es un juez subrogante, nos parece que no reúne las condiciones necesarias como para abordar el tema. Más allá de que conocemos las acordadas de la Corte respecto a lo que son los procesos colectivos y sabemos que funciona una suerte de atracción para que  todos los pedidos se tramiten en un solo lugar, entendemos que la resolución del juez es de dudosa legitimidad y, a partir de eso, estamos evaluando qué decisiones vamos a  tomar en caso de que nos remitan el amparo allí”.

“Hay manejos que no son claros, ya lo expuso el titular de la CTEP, Juan Grabois y no-sotros vamos por esa línea también. Ante lo extraño de los hechos, ante la celeridad con la que se buscan encorcetar las acciones judiciales, nosotros estamos pensando estrategias alternativas”, manifestó Guerrero Iraola.

“Entendemos que no podemos ser sustraídos del juez natural, las organizaciones que han promovido estas acciones legales son de La Plata y de Berisso, por lo cual el juzgado de La Plata es el que debe entender”, agregó.

En el mismo sentido, los letrados cordobeses que representan al jubilado de esa provincia, Julio César Spidialeri, exigieron que su demanda sea resuelta por el juez natural.