Proponen ley para evitar la subejecución presupuestaria

Tal como informó diario Hoy, diversas áreas de la administración provincial registran subejecución presupuestaria, es decir que el dinero que debería asignarse para determinados programas se estaría desviando hacia otros. La situación se evidencia en ministerios capitales como Infraestructura, Educación o Salud. Frente a esta situación, senadores de la oposición reclaman por el avance de un proyecto de ley que propone la creación de un órgano de control sobre la ejecución del Presupuesto.

La iniciativa, que se debate en la comisión de Modernización del Estado de la Cámara alta, propone la creación de la Contraloría General, un órgano de control interno del sector público, que hoy no existe.

“El proyecto modifica la Ley de Administración Financiera provincial para garantizar una correcta inversión y transparencia en el manejo de los fondos públicos de los bonaerenses”, detalló la senadora del Frente Renovador, Malena Baro, autora de la medida que, según explicó, dispone que el organismo sea “autárquico administrativa y financieramente”, e integrado por cinco miembros. 

También prevé que esté a cargo de la Contraloría General la rendición de cuentas ante la Legislatura de funcionarios y ministros bonaerenses, quienes deberán presentarse antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a dar explicaciones sobre lo actuado en cada una de sus áreas.

Esta acción, que hasta el momento no se aplica a nivel provincial, igualaría la situación de control externo a la que deben someterse anualmente los intendentes municipales ante el Tribunal de Cuentas.

“Un Estado como la Provincia de Buenos Aires necesita órganos de control internos y externos que garanticen la correcta inversión de los fondos públicos. Para eso es necesaria la creación de un nuevo organismo que permita un control integral e integrado, que represente un cambio sustantivo en la administración, y que ponga cerca de los ciudadanos el desarrollo y logro de los objetivos planteados a nivel financiero, patrimonial y de cumplimiento en las políticas públicas”, concluyó Baro.