Fue por la causa en la que se busca determinar las maniobras de complicidad de los funcionarios del gobierno nacional en el otorgamiento de subsidios por más de dos mil millones de pesos a empresas de seguridad que no le estarían dando el uso por el cual se los requiere
El último viernes Marcelo Greco, directivo de una de las
agrupaciones internas opositoras al gremio oficial del sector de la seguridad
privada (Unión Personal de Seguridad - Upsra) logró ratificar ante la oficina
de Investigaciones administrativas (lo que se conoce como oficina
anticorrupción, las denuncias ya judicializadas en forma actualizada sobre los
planes de procedimientos preventivos de crisis Indebidamente otorgados.
Si bien el mecanismo se venía instrumentando y se venía
otorgando con anteriores gobiernos, ahora ya centenares en este lapso del
gobierno actual entre los años 2024 a 2026, la secretaria de trabajo de la
nación a cargo del doctor Cordero resultó ser el funcionario otorgante.
La maniobra también fue aprobada por el Ministerio de Capital
Humano e favor de empresas del gremio de seguridad privada que gozaron siempre
de excelente estado financiero. Esto, contrariamente al espíritu del trámite
otorgados, fraguando estados contables de crisis.
De acuerdo a lo expresado por Grecco, esto podría
representar de alguna forma una estafa a todos los ciudadanos Argentinos, en el
contexto de una feroz reforma laboral que fue votada días atrás por el
congreso.
La oficina de investigación deberá producir pruebas en
auxilio de la justicia, aparte de la Justicia Penal y la propia secretaria. O
desde el Ministerio denunciado deberán proseguir sumarios internos, sobre los
verdaderos estados contables de más de ciento cincuenta empresas, doscientas
que lo perdieron a las cuales les habrían "regalado” (retornos mediante) el
beneficio de cobrarle la totalidad de los aportes patronales jubilatorios a los
trabajadores de la seguridad. Pero en realidad estos nunca terminaban siendo
aportados a las arcas de la Anses, generando un faltante futuro en momentos de
tramitar la jubilación de los trabajadores.
En el marco de la falta de dinero que viene explicando el
gobierno nacional aparecen en funcionamiento algunas denominadas "empresas
planeras", siendo prosperas, publicando incluso pedidos de personal
faltante ante la adquisición de nuevos contratos con el Estado Porteño, y otros provinciales.
En la ratificación de la denuncia se destaca que el señor
Greco, quien impulsó esta serie de denuncias y quien expuso ante los medios lo
que está ocurriendo, viene siendo amenazado y perseguido por un sector que se
vería afectado por lo que él está sacando a la luz.
Esto, a raíz de que pueda cortarse este tipo de maniobras,
que benefician a algunos empresarios del rubro de la seguridad privada, en
detrimento del dinero de los trabajadores utilizando la plata del estado.
Según expresó el denunciante, un ex empleado de Upsra quien
en su momento fue nombrado como delegado normalizador del sector control de admisión y permanencia Miguel
Tobar en el Programa Crónicas Sindicales contó que aún haciendo su trabajo en
ese lapso con corrección y normalidad fue despedido intempestivamente por la
Upsra (Gremio Oficial de Seguridad)
cuando no quiso obedecer órdenes para ser valijero e ir a cobrar los
retornos (presuntas coimas) de a diversas empresas de seguridad vinculadas al
secretario general de ese gremio Ángel García, a Marcelo Farre y en especial al hijo de García Diego García,
en connivencia con empleados de la Secretaria de trabajo que iniciaban esos
expedientes que en ocasiones no se leían pero terminaban siendo aprobados con
firma digital de del secretario de trabajo Cordero con el conocimiento de la
Ministra de Capital Humano.