Villarruel denunció a Petri por atentar contra el orden público

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado y exministro de Defensa Luis Petri, luego de que este la acusara de apostar a la caída del gobierno de Javier Milei y la mencionara como posible aspirante a la sucesión presidencial. La presentación se realizó en los tribunales federales de Comodoro Py e incluye cargos por calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.

El conflicto se originó tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Petri interpretó que las referencias de Milei a quienes deseaban el fracaso del Gobierno apuntaban directamente a Villarruel. En declaraciones televisivas, aseguró que la vicepresidenta “no estuvo a la altura de las circunstancias” y que incluso habría buscado posicionarse como alternativa política dentro del oficialismo.

El choque mediático

La respuesta de Villarruel llegó primero en redes sociales, donde calificó al exministro de “cosplayer” y lo cuestionó por su gestión en Defensa, mencionando el vaciamiento del IOSFA y los bajos salarios en las fuerzas. Petri respondió con críticas y acusó a Villarruel de tener actitudes golpistas. Ese intercambio público marcó el quiebre y derivó en la decisión de la vicepresidenta de acudir a la Justicia.

La ofensiva judicial

En su escrito, Villarruel invocó artículos del Código Penal, entre ellos el 213 bis, que prevé penas de tres a ocho años de prisión para quienes integren agrupaciones destinadas a imponer ideas mediante la fuerza o el temor. La vicepresidenta sostiene que las acusaciones de Petri no solo afectan su honor, sino que buscan instalar la idea de una conspiración interna contra el Gobierno nacional.

La denuncia abre un nuevo capítulo en la relación entre ambos dirigentes, marcada por tensiones políticas y personales. Mientras Petri insiste en que Villarruel no acompaña plenamente la gestión de Milei, la vicepresidenta afirma que sus declaraciones excedieron el debate político y constituyen un ataque directo a la institucionalidad. El expediente quedará ahora en manos de la Justicia federal, que deberá evaluar la procedencia de los cargos y el alcance de las acusaciones.