Se mantiene el freno al tarifazo

A pesar del pedido oficial, la Corte Suprema no zanjó el problema de fondo y mantiene las tarifas congeladas. Pedido de informes al Gobierno sobre las subas en el gas. El tema tendría resolución en agosto, tras la feria judicial

La Corte Suprema de Justicia le solicitó ayer al Ejecutivo que informe las razones del aumento de la tarifa de gas y recién en el mes de agosto resolverá los planteos que suspendieron las subas en las facturas. Esto se debe a que los diez días hábiles que tiene el Gobierno para contestar los requerimientos del máximo Tribunal se dan en medio de la feria judicial que comenzará el próximo lunes.

El fallo eludió tratar inmediatamente los planteos contra el tarifazo porque “no hay un caso” sobre el cual pronunciarse, y fue firmado por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y por el resto de los miembros del organismo: Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Tal como había adelantado Hoy en su edición de ayer, era evidente que la Corte no quería hacerse responsable de emitir una opinión a las apuradas, y que para hacerlo iba a tomarse su tiempo, solicitando para ello distintos estudios a las autoridades nacionales, demorando así un trámite que desde el Ejecutivo se espera con impaciencia.

Luego del dictamen del Máximo Tribunal quedó más que nunca en evidencia la soledad que pasa por estas horas el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien se encuentra en el centro del debate político por haber implementado un ajuste tarifario sin medir las consecuencias del impacto social que traería en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Múltiples pedidos

En el exhaustivo informe, la Corte le solicita al Gobierno que se explaye sobre las razones claves que le llevaron a tomar la medida. En particular, si se tuvieron en cuenta o no los aspectos sociales y económicos antes del aumento masivo en las tarifas del gas.

A través del fallo, el órgano que preside Lorenzetti le pide al Ejecutivo que, por medio del Enargas, explique “cómo ha sido la evolución de las tarifas” desde la sanción de la Ley 25.561 en 2001, que dictaba la Emergencia Económica estableciendo un régimen subsidiado de tarifas.

La resolución pide también que exprese claramente cuáles fueron los criterios seleccionados por el Gobierno para llegar a los aumentos en las tarifas, y que también se especifique fundadamente “la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuadro tarifario en análisis”.

Además, se solicitan aclaraciones para saber qué motivos llevaron a la administración central a establecer un tope del 400% en la tarifa del servicio, así como también que se informe cómo operará, sobre qué importes se aplicará y qué incidencia tendrá dicho límite sobre el monto final de la factura a pagar por el usuario.

En otro punto, requiere que se precisen los alcances que tendrá la tarifa social y los criterios que orientan su aplicación, o no , para entidades de bien público, entidades solidarias sin fines de lucro, pequeñas y medianas empresas, y, en particular, las directamente vinculadas a las economías regionales.

Segmentación de bandas

Siguiendo con el fallo, la Corte Suprema pretende que se responda claramente si se establecieron bandas tarifarias o segmentaciones, según la distancia en relación con los centros de producción, transporte y distribución y, en su caso, explique los fundamentos técnicos que justificarían esas modificaciones.

En ese sentido, pide que también se informe si se consideraron o no como criterio los ingresos del usuario y, en su caso, de los demás miembros del grupo familiar con el que se cohabita.

En síntesis, un nuevo golpe para el Gobierno de Mauricio Macri en el tema del tarifazo, pues, a través del máximo Tribunal, se exigen respuestas urgentes a las demandas sobre el impacto que tendrá en la sociedad una medida tan marcadamente antipopular, que pone en tela de juicio uno de los puntos centrales del Gobierno de Cambiemos, el denominado “sinceramiento trifario”.

La respuesta de Aranguren

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, criticó ayer que la Corte Suprema se haya tomado más tiempo en la resolución del conflicto desatado por los tarifazos en el país.

“La necesidad política y social requería una decisión rápida y efectiva por parte de la Corte. Estirar los plazos puede resultar negativo y evitar que vengan más inversiones al país”, resaltó el funcionario nacional. 

En opinión de Aranguren, “nosotros venimos acá para decir la verdad y la verdad es que no tenemos energía y si no hacemos algo, la situación va a empeorar. Por eso, estoy convencido de que lo que estamos llevando adelante es lo mejor para la Argentina”, señaló.

Además, el ministro descartó que vaya a renunciar a su cargo. “Las renuncias no se anuncian, se ejecutan y el día que lo haga no voy a amenazar con una renuncia. Y el único que está en condiciones de decir si sirvo o no para lo que se me encomendó, es el Presidente de la República”. 

Apelación oficial

El Gobierno nacional presentó ayer ante la Cámara Federal de la ciudad de La Plata, la apelación al fallo de ese Tribunal que declaró "nulas" las resoluciones que dispusieron un aumento de tarifas en el servicio de gas para todo el país. Con este recurso extraordinario presentado por los abogados del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, será ahora la Sala II de la Cámara, que la semana pasada frenó el incremento en las tarifas, quien deba decidir si acepta la apelación.