El titular de Cáritas pide al Gobierno que “recapacite” para solucionar el tema alimentario
Carlos Tissera, quien además es el obispo de Quilmes, apuntó que “primero está la comida de la gente y uno anhela que sea traída por el trabajo”.
La cita es a las 11, en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py.
14/02/2024 - 00:00hs
El juez federal Sebastián Casanello citó para hoy a autoridades del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, y a la legisladora porteña Celeste Fierro (Frente de Izquierda) a una audiencia de hábeas corpus sobre el protocolo de mantenimiento del orden público que dispuso el Gobierno nacional para controlar las protestas en las calles.
La audiencia fue convocada para las 11, en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y desde el Frente de Izquierda anticiparon que van a presentarse junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y asambleas barriales para realizar una concentración con radio abierta en la puerta del juzgado.
Previamente, a las 10, la legisladora brindará una conferencia de prensa para “denunciar la ilegalidad del protocolo represivo e informar sobre la jornada” según precisaron fuentes partidarias.
“Es una audiencia clave, donde se puede resolver el destino del protocolo represivo de Bullrich. Es un paso más en la lucha contra este protocolo que vulnera nuestros derechos, y seguiremos insistiendo en su inconstitucional”, remarcó Fierro.
Además, llamó a “seguir en las calles contra el DNU y todo el ajuste” al igual que ante la justicia para “que no solo le ponga limites al protocolo, sino para que lo suspenda por violar el derecho constitucional a la protesta junto a otros derechos y libertades democráticas”.
En el marco de la acción judicial iniciada por Fierro el pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Seguridad defendió la legitimidad de la Resolución 943/2023 que estableció la implementación del llamado protocolo para el mantenimiento del orden público en un informe.
Tras la respuesta, el juez pidió a esta cartera que “adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos” por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y citó a las partes a una audiencia.