Sobres en la Departamental: cayó el último de los exjefes policiales

Con la detención de ayer de Julio Sáenz, los cinco excomisarios y cuatro extitulares de la Jefatura Departamental acusados de recaudar dinero “sucio” quedaron en prisión. Declararon los dos que faltaban y se mantuvo el “pacto de silencio”

Las dilaciones terminaron para los nueve exjefes policiales acusados de formar una asociación ilícita que recaudaba dinero ilegalmente con fines inciertos: ayer arrestaron al último de los imputados, el extitular de la comisaría Sexta de Tolosa, Julio Sáenz, luego de que la Justicia rechazara un hábeas corpus interpuesto por su defensa para evitar la efectivización de la medida de captura.

Sáenz, que estaba prófugo desde el miércoles, cuando la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías convalidó las órdenes de detención de nueve exjefes policiales, fue apresado en la casa de una amiga íntima, en 5 y 80, pasado el mediodía. A la misma hora, en la UFI Nº 3 a cargo del fiscal Marcelo Martini, el exjefe de la seccional Tercera, Sebastián Cuenca, era asesorado por su nuevo abogado defensor antes de presentarse en la fiscalía, luego de haber pedido una prórroga de 24 horas para hacerlo.

Finalmente, ambos se sumaron al “pacto de silencio” utilizado por el resto de los acusados y se negaron a declarar. 

No sabe, no contesta

El desfile de exjefes policiales ante Martini comenzó el jueves a la mañana con los excomisarios Sebastián Velázquez (Segunda), Raúl Frare (Duodécima) y Federico Jurado (Decimosexta), quienes evitaron hablar.

Por la tarde, mientras Sáenz permanecía prófugo y empezaba a correr la prórroga solicitada por Cuenca, el exjefe de la Departamental, Darío Camerini, realizaba un monólogo sobre su trayectoria profesional y se negaba a responder preguntas; su exsecretario, Walter Skramowskyj, coincidía en la estrategia, aunque reemplazando la oralidad por un escrito. 

El exsegundo de Camerini, Rodolfo Carballo, y el exjefe de Operaciones, Ariel Huck, fueron los únicos que aceptaron someterse al interrogatorio de Martini, aunque en sus respuestas, según fuentes judiciales, negaron conocer la existencia de sobres circulando en la fuerza policial. 

“Es como si vivieran en otro mundo, alejados de la realidad que se les imputa”, le dijo a este medio el fiscal Martini sobre las declaraciones de los acusados.

Evidencia

El mutismo de los excomisarios y exjefes departamentales contrasta con la irrefutabilidad de las pruebas ennumeradas en el expediente de la causa: 36 sobres con dinero (153.700 pesos en total) y destinatario escrito, encontrados por la Dirección de Asuntos Internos sobre el escritorio del secretario de Camerini y dos pericias caligráficas que rastrearon a los autores de las anotaciones.

También fueron elementos probatorios el rastreo de contactos telefónicos entre los acusados, desde el 31 de marzo al 1º de abril, y el registro de la cámara de vigilancia municipal ubicada en 12 y 60, que captó la llegada continúa a la Departamental de distintos patrulleros de los que bajaban efectivos policiales.

Además, la declaración de dos comerciantes que indicaron el cobro semanal que les exigía la fuerza en concepto de “servicio de vigilancia” y otros testimonios de policías que, bajo reserva de identidad, describieron la operatoria. 

Con los nueve exjefes policiales tras las rejas, el fiscal espera ahora que alguno de los inculpados eche mano a los nuevos recursos legales que existen en el país, como la figura del arrepentido, para poder seguir desandando el camino de los sobres, cuyo mayor interrogante es la cima.

Un llamado, el detonante

La investigación comenzó el 26 de febrero con un llamado anónimo a Asuntos Internos en el que se afirmaba que todos los primeros días hábiles de cada mes, desde las distintas comisarías de La Plata se enviaban sobres con dinero para el titular de la Departamental y otros jefes de esa repartición.

El auditor general Guillermo Berra comenzó entonces a trabajar en el caso para poder atrapar a los policías en flagrancia.   

Fue así que el 1º de abril se desplegó un megaoperativo y fue allanada la Jefatura Departamental de la Policía, de don­de se secuestraron los 36 sobres con 153.700 pesos.

Los jefes acusados fueron desplazados de sus cargos, y ahora, tras las rejas, negocian su defensa con sus abogados.

“Una organización con división de roles”

En el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías que rechazó los pedidos de eximición de prisión de los exjefes policiales permitiendo su captura, el juez 

Alejandro Villordo argumentó que se trata de “una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae en la cúpula, que además posee numerosos medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines”.

“Sobre esta organización burocrática integrante del aparato estatal, es decir de legal existencia, y valiéndose de ella, se ha constituido y funciona otra con fines ilícitos, de la que forman parte -en principio-, los funcionarios policiales aquí imputados”, sostuvo.

Para el magistrado, las sumas de dinero exigidas, “con el fin de despojar a la persona en provecho de su patrimonio, fueron obtenidas valiéndose del temor funcional que reviste el cargo policial”.

“Esa organización criminal se encuentra integrada por quien tenía los sobres en su despacho y en su escritorio (Walter Skramowskyj); por sus jefes, quienes eran los destinatarios de los mismos (Darío Camerini, Rodolfo Carballo y Ariel Huck); y por los distintos jefes de las seccionales de Policía que los remitieron (jefes policiales de seccionales), junto con los jefes de calle y personal de confianza que se encargaba de recaudar el dinero, producto de diversas actividades ilegales, para girar el mismo hacia arriba de la pirámide jerárquica y en beneficio personal”, destacó.

En el fallo se consignó también que los policías, “tenían un acuerdo previo, verbal y al menos tácito para constituir la organización delictual y ello puede inferirse a partir de la remisión de los sobres con el dinero y las misivas insertas en los mismos, donde todos los remitentes y los destinatarios dieron cuenta de un acuerdo de voluntades y de una organización con división de roles, tareas y funciones para realizar las actividades ilegales. El acuerdo no ha sido meramente transitorio sino duradero”.

Los jueces concluyeron también que la organización “ha sido duradera en el tiempo y ello es lo que distingue la asociación ilícita de la convergencia transitoria propia de la participación”.

Al rechazar la eximición de prisión, tomaron en cuenta la magnitud de la pena en expectativa en función de la escala penal del delito endilgado, ya que sería improbable la aplicación de una de naturaleza condicional, considerando además las condiciones personales de los imputados, que eran servidores públicos.