Extendieron la prisión preventiva a dos sujetos acusados por secuestros y violación

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata ordenó prorrogar la prisión preventiva a Gabriel Clavero Serrano y Brian David Guillermo, acusados de secuestrar y cobrar rescate por varias víctimas, además de violar a una mujer.

Según la fiscalía, en esta causa se investigó una organización conformada, al menos, por Serrano, Guillermo, Cristian Agustín Altamirano, Javier Andrés Inglese y Gerardo Ezequiel Frutos “la cual comenzó a operar desde al menos el 22 de diciembre de 2019 hasta la fecha de los procedimientos efectuados, dedicada a la ejecución de delitos indeterminados contra la propiedad y contra las personas, entre los que se encuentran secuestros extorsivos, robos y abusos sexuales”.

Luego de permanecer varios meses prófugos, el 23 de enero del 2020, Altamirano e Inglese fueron detenidos. En tanto, el 27 de marzo del mismo año fue arrestado Clavero Serrano y días después Guillermo.

Todos ellos afrontan cargos por cuatro hechos: el secuestro extorsivo de Patricia Gari, Christian Ezequiel Sombra Costa, Esteban Amaya, de Martín Meza y Nicole Olmedo, sumado al abuso sexual de esa última.

Menor partícipe

El juicio a los imputados comenzará a fines de abril de este año, donde llegan acusados como ­coautores de los delitos de “asociación ilícita, secuestro extorsivo agravado por la cantidad de intervinientes, por haber logrado su propósito -cobro de rescate-, robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda”.

Los sujetos también habrían provocado en sus víctimas “lesiones leves, daño simple y abuso sexual, agravado por haber sido con doble acceso carnal y por haber sido cometido por dos personas y mediante el uso de armas de fuego, todos ellos en concurso real y, a su vez, agravado por haber sido cometido con la intervención de un menor de 18 años (Altamirano)”.

Para extender la preventiva a Clavero Serrano y a Guillermo, los jueces consideraron “la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia”.

“La conducta atribuida tiene una amenaza de pena que hace que, en caso de recaer condena sobre el nombrado, la misma no podrá ser de ejecución condicional, extremo este que hace presumible que el riesgo de fuga aumente sin perjuicio del arraigo que el mismo pueda tener en su domicilio”, agregaron los magistrados.