Diario Hoy dialogó con una referente de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, durante la protesta realizada en la Casa de la Provincia de Salta.
03/09/2021 - 17:01hs
La médica del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta, que fue detenida esta mañana en el marco de una causa judicial que le iniciaron por haber realizado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE -práctica contemplada en la legislación argentina-, fue liberada siete horas después.
La profesional quedó en libertad tras los pañuelazos realizados en Salta capital y en Tartagal, frente al mencionado hospital, al Ministerio Público de la capital salteña y al Hospital Materno Infantil.
Clara Nocetti, médica generalista y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que este mediodía realizó una protesta frente a la Casa de la Provincia de Salta en CABA, afirmó en diálogo con Diario Hoy que la doctora fue detenida “por acompañar un aborto legal en un proceso claro de persecución a la única persona que garantiza abortos en el norte salteño, o una de las únicas”.
“Los sectores antiderechos operan en todos los estamentos del Estado y muchísimo dentro del sistema de salud, es una ausencia de la implementación adecuada de las políticas públicas que permiten el acceso a los derechos a las personas con capacidad de gestar en todas las instituciones de salud”, concluyó.
El caso
La médica realizó una ILE en un proceso gestacional de 22 semanas a una joven de 21 años. Según trascendió, la denuncia contra la profesional la radicó una tía de la mujer, y según se desprende de la historia clínica, el procedimiento ocurrió el pasado 24 de agosto.
Cabe recordar que la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante.
Las fuentes indicaron que "a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales".
Pero esto fue desmentido por la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que en un comunicado aseguró que la médica "ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE".