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Todos enfrentan imputaciones por asociación ilícita fiscal, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
01/07/2026 - 00:00hs
La Justicia Federal de La Plata profundizó una investigación por una presunta asociación ilícita dedicada a la emisión de facturas apócrifas, lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y posible defraudación al Estado. En ese marco, ordenó diez allanamientos simultáneos y la detención de cinco empresarios que quedaron a disposición del juez.
La causa se inició en mayo de 2024 a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó un presunto mecanismo destinado a generar documentación tributaria falsa para que distintas empresas redujeran de manera ilegal el pago del Impuesto a las Ganancias y del IVA.
La investigación es una derivación de un expediente en el que ya fueron procesados la contadora Natalia Romina Foresio, quien cumple prisión domiciliaria, junto con Luis Mauricio Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria. Todos enfrentan imputaciones por asociación ilícita fiscal, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
El avance de la pesquisa incorporó el testimonio de un testigo de identidad reservada, cuya declaración permitió reconstruir un nuevo entramado presuntamente encabezado por Foresio e integrado por Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Franco Nicolás Leonardi y Agustín Loguzzo. Los cinco fueron detenidos y ya prestaron declaración indagatoria, mientras se espera que el juez resuelva su situación procesal.
Según la resolución judicial, la organización habría operado mediante sociedades utilizadas para emitir facturación falsa, entre ellas Argentina Dinámica S.A., Allbamepal S.A., Punta del Indio S.A.S., Ventas@Totales S.A.S. y Soluciones@Dinámicas S.A.S. De acuerdo con ARCA, todas fueron incorporadas a la base de contribuyentes apócrifos y presentaban conexiones societarias, domicilios fiscales, claves tributarias e incluso direcciones IP compartidas.
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación apunta a la contratación de varias de estas firmas como proveedoras de la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía de la provincia de Buenos Aires. La documentación incorporada al expediente indica que entre 2021 y 2024 esas empresas obtuvieron contrataciones superiores a los 2.000 millones de pesos, lo que reforzó la hipótesis de una posible defraudación mediante licitaciones presuntamente irregulares.