La resolución fue dictada por el juez Ramos Padilla, quien resolvió su participación en el crimen por “explotación sexual de mujeres” y “comercialización de drogas”
En el marco de la causa en la que se investiga la desaparición y posterior femicidio de Johana Ramallo, la Justicia procesó a un total de ocho personas por el caso ocurrido durante en el año 2017 en nuestra ciudad. Además, el magistrado resolvió la prisión preventiva de cuatro de los implicados e impuso embargos de hasta 30 millones de pesos.
La resolución fue dictada por Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N° 1, quien dictó los procesamientos por “explotación sexual de mujeres” y “comercialización de drogas” en la denominada zona roja. Cabe recordar que los imputados son cinco mujeres y cuatro hombres, que tenían un vínculo directo con las actividades ilícitas.
El magistrado aseguró que los acusados tenían relación con el contexto que dio lugar a la desaparición y posterior asesinato de la joven, en una resolución compuesta por 170 carillas. Advirtió también que dichas circunstancias “conformaron las condiciones de posibilidad de múltiples episodios de violencia en la zona” que derivaron en la muerte de Ramallo.
La investigación comenzó en marzo del año pasado, cuando el juez comenzó a analizar el escenario en el que había ocurrido el femicidio de Johana. Para ello, dio intervención a distintas áreas especializadas en materia de violencia de género y trata de personas, quienes propusieron distintas líneas de trabajo que culminaron en estas detenciones y procesamientos.
De esta forma, se confirmó que son nueve las personas vinculadas a la causa y la gran mayoría de ellas continuará con prisión domiciliar preventiva. Asimismo, se supo que los detenidos participan en actividades de comercialización de estupefacientes, abarcando desde quienes proveían la cocaína fraccionada hasta quienes efectuaban la venta bajo la modalidad del menudeo.
En algunas de las situaciones mencionadas, se trata de los mismos que sacaban un rédito económico por el empleo del trabajo sexual, ya que cobraban la utilización de ciertas esquinas del área mencionada. Las imputaciones correspondientes fueron solicitadas anteriormente por las fiscales María Laura Roteta, Alejandra Mangano, de la Procuraduría de Trata de Personas y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres.
Vale recordar que Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió de su casa. Los restos mutilados de su cuerpo fueron hallados en las costas de Berisso en agosto de 2018 y un año después identificados como los de la joven.