Algo huele a podrido en la Dirección de Escuelas

El presupuesto de varios programas de la Dirección General de Cultura y Educación, que conduce Nora de Lucía, están sin ejecutar. Se sospecha del desvió de fondos para financiar cajas políticas

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que conduce la economista Nora de Lucía, es la repartición de la Provincia con mayor presupuesto:  la caja asciende a más de 53 mil millones de pesos, y la discrecionalidad en el reparto de recursos está a la orden del día.

Ocurre que el gobierno bonaerense, al igual que sucede el orden nacional, cuenta con facultades extraordinarias delegadas por el poder legislativo, conocidas en la jerga política como “superpoderes”, para redistribuir partidas de forma arbitraria, siendo un mecanismo habitual de sostenimiento de cajas políticas.

De hecho, tal como lo hemos remarcado varias veces en las páginas de nuestro diario, la DGCyE sería una de las principales cuevas de ñoquis de la Provincia: se habla de que aproximadamente 30 mil empleados de Educación no cumplirían función alguna, siendo agentes que en su gran mayoría habrían sido designados por distintas gestiones políticas que estuvieron a cargo de esa cartera en los últimos lustros.

Ahora bien, como los números de la Provincia están en rojo, en lugar de comenzar a aplicar recortes en los gastos políticos, el tijeretazo se estaría instrumentando en aéreas sensibles de la cartera, lo que profundiza aún más la crisis que afecta a la educación pública bonaerense. En ese sentido, al analizar la ejecución presupuestaria de la Dirección de Escuelas, en función de lo informado por la Contaduría de la Provincia, aparece que los presupuestos de varios programas no se han ejecutado en lo que va del año o sólo se ha hecho en una ínfima parte. La cuestión no es menor: se sospecha de manejos discrecionales de los fondos en cuestión, que podrían estar destinándose a fines totalmente distintos a lo aprobado por la Legislatura.

Por ejemplo, al Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales "PERMER”, que apunta a dotar de energía a las escuelas rurales que no tienen acceso a la red de energía eléctrica, se le asignó un presupuesto de $2.300.000. Pero hasta el momento, según los últimos datos oficiales, no se gastó un solo peso. Algo similar ocurre con el programa “Textos escolares para todos”, con un presupuesto de $31.230.000.

En el área de Salud laboral también está en la mira. Tiene un presupuesto anual de $139.241.790 y se llevan ejecutados $15.116.237,93. Una parte importante de este presupuesto tendría como destino la firma Dienst Consulting, una tercerizada que apareció –mediante una contratación directa, sin llamado a licitación- durante la gestión de Mario Oporto en la DGCyE para encargarse del control de las licencias médicas de docentes y auxiliares. En reiteradas ocasiones, en reuniones informales, De Lucía habría reconocido que este contrato tenía que ser dado de baja porque resultaba leonino para los intereses de la Provincia. Y más cuando el control médico se podría realizar en la red de 77 hospitales públicos que tienen la Provincia.  A las palabras se las lleva el viento: la prestataria, que tiene sede en Bahía Blanca, sigue al frente del negocio.

La contracara son las subvenciones que, con los impuestos que pagan todos los bonaerenses, el gobierno destina a los colegios privados: la Coordinación de Educación de Gestión Privada tiene un presupuesto anual de $5.217.397.587, siendo la dependencia encargada de hacer los pagos a los colegios. En el primer cuatrimestre del año, se ejecutaron $1.864.101.755, es decir, el 35% del total.

La pregunta que se hace muchos, en el seno de la cartera educativa, es donde va el dinero de los programas que no se ejecutan. Más temprano que tarde, los responsables de manejar las cajas de la Dirección de Escuelas tendrán que dar explicaciones.

Otros programas de Educación en la mira

-Programa de Apoyo a la Inversión en los Sectores Sociales (P.A.I.S.S): la Legislatura le aprobó un presupuesto de $186.724.100 y en lo que va del año sólo se utilizó $28.382.517, es decir apenas el 15%.  El objetivo de este Programa es mejorar los niveles de cobertura de servicios de calidad en educación, salud y asistencia social, para lo cual se debería realizar obras físicas y equipamiento, tales como: la construcción de nuevas escuelas y establecimientos de educación inicial por ampliación de cobertura o por sustitución de las ya existentes; la dotación en escuelas de computadoras, conexión a internet, etc.

-Programa Equipamiento Programa de Aula Digital: tiene un presupuesto de $2.352.110, no se ejecutó un solo peso.

-Fondo Provincial de Financiamiento Educativo: tiene un presupuesto asignado de $328.000.000, y no se ejecutó un solo peso. Este fondo se creó en el año 2003, a través de la Ley 12081, para la recomposición y el mejoramiento salarial de los docentes que integran el Sistema Educativo Provincial.

-Ley de Financiamiento Educativo N° 26075: para el cumplimiento de esta ley nacional, se presupuestó $7.445.748.849. No se ejecutó un solo peso en lo que va del año. Esta norma establece que se debe destinar el 6% del PBI a educación, estableciendo obligaciones tanto para el gobierno nacional, como las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

-Tribunales de clasificación: tiene un presupuesto asignado para 2014 de $901.400, pero sólo se ha ejecutado apenas unos $40.202, es decir, el 4,4%. Los tribunales de clasificación tienen la función de velar por la correcta aplicación del Estatuto del Docente y de su Reglamentación; fiscalizar la correcta valoración de los datos que figuren en la foja de servicios de cada miembro del personal docente o en el legajo de los aspirantes, a efectos de su debida ubicación en la clasificación general, etc.

-Tribunales de disciplina: tienen un presupuesto asignado de $449.000, y sólo se han ejecutado $1.335,37.

-Programa de evaluación de la calidad educativa: se le asignó un presupuesto de $ 631.000 y sólo se ejecutó hasta el momento $4823.