Avanza el jury contra protegido de Falbo

En tres meses podría quedar destituido el fiscal general de San Isidro, Julio Novo. Lo denunciaron por favorecer a narcotraficantes. El jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios ya elevó la acusación. La Suprema Corte lo licenció en noviembre pasado 

El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios sesionará el próximo jueves en el Senado de la Provincia de Buenos Aires en un nuevo encuentro por el jury contra el fiscal general de San Isidro, por lo que avanza el proceso de destitución de un hombre protegido por la procuradora general, María del Carmen Falbo, y al que acusan de tener fuertes vínculos con el narcotráfico.

Sobre Novo pesan dos graves imputaciones denunciadas por el exlegislador Marcelo Sain, las que refieren que el fiscal general obstruyó de manera deliberada las investigaciones del Doble Crimen de colombianos en el Unicenter de Martínez, ocurrido en julio de 2008, y del homicidio de otro colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, que sucedió en San Fernando en 2009.

Ambos hechos tienen sello narco y los fiscales bonaerenses que investigaron esos episodios, entre ellos Luis Angelini, denunciaron que Novo puso trabas en la pesquisa y cometió varias irregularidades. Y, a pesar de eso, la procuradora Falbo no tomó medida alguna.

Ayer trascendió que el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Ulises Giménez, propondrá incluir en el jury a los fiscales adjuntos de Novo, Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro, que están acusados de los mismos delitos.

Novo fue suspendido por la Suprema Corte en noviembre pasado y permanece licenciado. El presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Luis Genoud, ya elevó la instrucción a los potenciales acusadores de Novo: el exdiputado Marcelo Saín, la Comisión Bicameral y la Procuración, los que tienen 30 días para expedirse.

En el caso de que alguno de estos tres actores resuelva acusar al fiscal general de San Isidro, el Jurado de Enjuiciamiento correrá traslado del expediente a la defensa de Novo, la que también dispondrá de un mes para elaborar su estrategia para la audiencia final, en la que se definirá si Novo será destituido o absuelto.

Saín recordó: “Yo fui quien inició el pedido de juicio político cuando el fiscal Luis Angelini me detalló el problema en 2012. La causa judicial es escandalosa. Yo creo que si el fiscal federal Fernando Domínguez continúa con la investigación, Novo terminará expulsado del Poder Judicial y preso, ya que se confirmaron sus vínculos con abogados de narcotraficantes, lo que explica el interés por desarticular cualquier investigación sobre drogas en la zona norte del Gran Buenos Aires”.

Fuera de juego desde hace once meses

En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense separó por 120 días de sus funciones a Novo y a sus fiscales adjuntos, Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro, tras lo cual se conformó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que decidió iniciar un juicio político.

Es que la principal hipótesis del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, que tiene delegada la causa en la que interviene la jueza Sandra Arroyo Salgado, es que Novo habría desplegado una serie de artimañas con el fin de impedir que se relacione con los asesinatos de los colombianos a Gustavo Juliá, hijo de un exjefe de la Fuerza Aérea del menemismo.

Juliá y su hermano Eduardo fueron condenados a trece años de prisión en España por intentar ingresar a Barcelona, en 2011, casi una tonelada de cocaína en su avión de la firma Medical Jet SA.

Los investigadores determinaron la existencia de una relación de amistad entre Novo y Juliá, y que el abogado del exempresario de aviación, Carlos Broitman, es el esposo de Mariana Busse, una secretaria que se designó especialmente para “trabajar” con el fiscal bonaerense Luis Angelini, al iniciarse la pesquisa.

Las irregularidades ocurridas en la órbita de la Fiscalía General del Departamento Judicial San Isidro fueron oportunamente puestas en conocimiento de la procuradora María del Carmen Falbo.

Sin embargo, de parte de Falbo primó una indolente indiferencia y una sospechosa pasividad para favorecer el desempeño deficiente y malintencionado del fiscal general Julio Novo.

La Procuración General no impulsó actuaciones administrativas destinadas a investigar seriamente y en profundidad las irregularidades denunciadas sobre el desempeño de Novo.

Demoras injustificadas que delataron connivencia

El fiscal Luis Angelini tiene ahora a su cargo la causa por los homicidios de los colombianos Jorge Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, asesinados a balazos en el Unicenter en 2008, y Juan Sebastián Galvis Ramírez, ejecutado a tiros en 2009 en San Fernando.

Angelini y su par Diego Grau pidieron al entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo, viajar a Colombia para interrogar a Andrés Jiménez Jaramillo, chofer y único sobreviviente de los crímenes de Unicenter, pero el fiscal general, según la investigación, “demoró” el pedido a la Procuración General.

Los fiscales no pudieron viajar y hubo una queja a la Cancillería por parte de Colombia, ya que habían organizado su participación en el interrogatorio.

Para los investigadores, esa declaración era clave, ya que se sospecha que Jaramillo en realidad fue el “entregador” de los crímenes en función de peritajes, mensajes de texto y contactos que tuvo en Argentina. Actualmente, este sospechoso no puede ser ubicado en Colombia, ya que no figura en los archivos de ese país.

En definitiva, Novo está denunciado por: restringir recursos e insumos básicos, realizar dilaciones para frustrar diligencias judiciales en Colombia, reasignar en forma arbitraria a uno de los fiscales que impactó en el avance de la pesquisa en curso, entrometerse, entorpecer la investigación, mostrar impericia y negligencia en el trámite de las actuaciones y filtración de información.