Las conexiones que complican a Falbo
Debido a la extrema protección brindada a Aníbal Fernández, la procuradora general bonaerense quedó en la cuerda floja. Un nuevo escándalo que salpica a la jefa de los fiscales
Las múltiples denuncias que pululan en la Justicia contra el exjefe de Gabinete K, Aníbal “La Morsa” Fernández, han dejado en evidencia la protección brindada por años al político quilmeño por parte de la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia provincial, María del Carmen Falbo.
La jefa de los fiscales es una vieja conocida del exfuncionario kirchnerista, ya que fue su abogada defensora cuando él resultó acusado de administración fraudulenta en su paso por la intendencia de Quilmes. Esto habría llevado a Falbo a buscar detener los allanamientos hechos ayer en el country Abril contra Carlos Daniel Tomeo, supuesto testaferro de Fernández.
Según explicaron numerosos miembros de la Justicia al diario Hoy, durante un largo período la funcionaria judicial fue la persona que se habría encargado de acallar las denuncias en contra del múltiplemente denunciado exjefe de Gabinete, presionando por lo bajo a los fiscales y jueces que se atrevían a actuar en su contra, lo que la llevó a ser inculpada por delitos de coacción agravada y tráfico de influencias en la función pública.
Las sospechas sobre irregularidades de la procuradora giran también en torno a causas judiciales que la vinculan al Triple Crimen de General Rodríguez y al doble homicidio de los colombianos en Unicenter, donde se sospecha que habría ejecutado diferentes acciones para salvaguardar la imagen de Fernández.
Versión creciente
Uno de los rumores que corrió con insistencia ayer por los corrillos judiciales es que Falbo habría intentado comunicarse en reiteradas ocasiones con el juez federal Luis Armella para frenar las inspecciones realizadas a Tomeo, recibiendo una negativa por parte del magistrado, lo que motivó una airada reacción por parte de la procuradora.
La imposibilidad de hacer llegar sus reclamos a Armella se vio en el ámbito tribunalicio como una pérdida inobjetable de poder por parte de la jefa de los fiscales, que ha visto así disminuida considerablemente su capacidad de operar sobre los diferentes jueces y fiscales bonaerenses, en una muestra más de los nuevos tiempos políticos que se viven, donde todas las figuras cercanas al kirchnerismo han caído en desgracia.
Falbo ha sido acusada de haber instaurado durante sus años como procuradora un régimen generalizado de impunidad hacia los funcionarios kirchneristas imputados por graves delitos contra el erario público, por lo que su actitud de inmiscuirse en la actividad llevada adelante por el magistrado de Quilmes no hace más que revivir la postura intervencionista de la Justicia que desarrolló Cristina Kirchner durante sus años en el poder, y que tanto mal le hizo a la institucionalidad y las reglas republicanas.
Un presente judicial adverso para el exjefe de Gabinete
Aníbal Fernández, ministro todoterreno del kirchnerismo que no tenía vergüenza en poner el rostro para defender a la expresidenta Cristina Kirchner, tendrá que ingeniárselas ahora, lejos del poder y sin fueros, para desarrollar su propia defensa.
La tarea será ardua para él, porque en su contra pesa, entre otras causas, el procesamiento por el manejo de los millones del Fútbol para Todos, donde se le imputa el incumplimiento de deberes de funcionario público.
También está procesado por fraude, a raíz del desvío de fondos y licitaciones direccionadas en el marco del Plan Qunita, programa que, simulando beneficiar a embarazadas y recién nacidos, habría significado un desfalco de $300 millones, con sendos beneficios para empresas fantasmas platenses, según reveló Hoy. Por este caso, el fiscal Eduardo Taiano pidió que sea enviado a juicio oral.
A su vez, la Oficina Anticorrupción impulsó una causa en su contra por los $56 millones que recibió la Confederación Argentina de Hockey (que él presidía) de parte del Estado justo el mismo día en que Fernández asumía la Jefatura de Gabinete.
En tanto, la diputada Elisa Carrió lo incluyó en un pedido de indagatoria para todos los exjefes de Gabinete por favorecer al empresario Lázaro Báez, y lo imputó por el delito de enriquecimiento ilícito, como parte de una presentación judicial a raíz del Triple Crimen de General Rodríguez, cuyo centro es el tráfico ilegal de la efedrina.
De hecho, Fernández fue rebautizado como “La Morsa” luego de que uno de los condenados por los asesinatos, Martín Lanatta, se refiriera en esos términos hacia el exministro y lo identificara como el presunto autor intelectual de las muertes de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.
Semanas atrás, el conocido “Rey de la efedrina”, Mario Segovia, destacó el rol de Fernández en el entramado ilegal para importar el precursor químico, en consonancia con lo que ya había declarado Ibar Pérez Corradi.
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