El intendente de Itatí, en el banquillo

El jefe comunal está acusado de importar al país alrededor de 15 toneladas de marihuana por semana. En la investigación ya hay 27 personas apresadas y otras 13 permanecen prófugas. Entre los detenidos se encuentra la hija del funcionario municipal y el hermano del vice

El intendente de la ciudad correntina de Itatí, Natividad “Roger” Terán, su vice, Fabio Aquino, y otros 24 detenidos se presentaron ayer en Comodoro Py para ser indagados por el juez federal Sergio Torres por estar sospechados de integrar una banda narco, la cual se presume que importaba 15 toneladas de marihuana por semana desde Paraguay, para luego distribuirla en siete provincias argentinas.

Los apresados en el marco de la “Operación Sapukay” fueron trasladados a los tribunales del barrio porteño de Retiro en medio de un fuerte operativo de seguridad a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, tras permanecer detenidos desde el pasado miércoles en el Edificio Centinela.

Además de Terán, de nacionalidad paraguaya y perteneciente al Frente para la Victoria, y Aquino, miembro del PRO, debieron declarar el jefe de la comisaría de Itatí, Diego Ocampo Alvarenga y el comandante de Gendarmería, Gabriel Fernando Alcaraz.

Negaron todo

Mientras que algunos familiares arribados desde Corrientes se instalaron en el hall de los tribunales, Terán y su vice, Aquino, negaron ante el juez Torres ser parte de una banda de narcotraficantes y tener vinculación alguna con los hechos. En este marco, también fueron indagadas cinco mujeres, varias de ellas policías y también acusadas de ser parte del grupo criminal.

El magistrado dispuso, en la tarde de ayer, la libertad del adolescente de 16 años que es hijo de uno de los presuntos líderes de la organización de traficantes desbaratada esta semana, y ordenó que sea entregado a su tía. El menor había sido indagado el jueves, declarándose inocente y asegurando que los contactos telefónicos que lo involucran pertenecen a familiares suyos que también fueron detenidos por los investigadores. 

En la causa hay 27 personas apresadas y otras 13 permanecen prófugas. Entre quienes están siendo buscados se encuentran los dos sindicados líderes de la banda: Luis Alberto “Gordo” Saucedo y Federico “Morenita” Marín. Otro de los mencionados como jefe de la organización es Carlos Alberto Bareiro, quien ya estaba preso en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Resistencia, Chaco.

El caso

La investigación penal se inició en mayo de 2014 tras un operativo realizado en Villa Zavaleta, ubicada en el límite de los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya. En esa oportunidad se detuvo a narcotraficantes que conseguían drogas en el norte del país, y la Justicia cree que la marihuana que poseían era proveída por la banda del intendente, la cual transportaba semanalmente desde Paraguay a Itatí al menos seis toneladas a través de botes por el río Paraná para repartirlas a lo largo de toda la Argentina.

La Justicia Federal porteña pedirá la unificación de 15 causas por drogas que se tramitan en Corrientes y que tienen mencionados a la mayoría de los apresados en la “Operación Sapukay”. Varias de estas investigaciones penales están en manos del juez federal correntino Carlos Soto Dávila, quien las instruye por separado desde 2014. En una de estas causas está detenida desde el mes pasado Mariela Terán, la hija del intendente de Itatí, y Hernán Adolfo Aquino, hermano del viceintendente.

“En Paraguay hay superproducción de marihuana y no existe ningún control”

El titular del juzgado federal nº 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien tiene a su cargo la mayor parte de las causas por tráfico de drogas que se investigan en esa provincia, afirmó ayer que es “permanente” el cruce de marihuana desde Paraguay, y reaccionó contra las críticas sobre su trabajo al asegurar que “hay una presión mediática tremenda a nivel nacional”. El juez apuntó contra las autoridades paraguayas por no controlar la producción de cannabis. 

En este sentido, el magistrado destacó que durante el año pasado Corrientes hizo “una quema de veinte toneladas de droga”, y que el juzgado a su cargo “está trabajando y la prueba de ello es que año a año se quema cada vez más cantidad de narcóticos”. 

Sin embargo, Soto Dávila disparó contra el vecino país al señalar que tiene una “superproducción de marihuana, y en el sur de Paraguay no existe ningún tipo de control del Estado”.

Ante las críticas que recibió por parte de la religiosa Marta Pelloni, que lo cuestionó por no haber decidido antes las detenciones de los funcionarios y policías involucrados en las causas por narcotráfico, el juez federal expresó: “La monja me ha agredido en forma permanente, haciendo imputaciones de todo tipo contra el juzgado federal a mi cargo”, y agregó: “En lo que respecta a mi juzgado, Pelloni está mintiendo”.

“El juzgado federal de corrientes tiene 320 kilómetros de frontera con Paraguay y hay aproximadamente entre siete y ocho destacamentos de Prefectura sobre el río, y entre tres y cuatro destacamentos de gendarmería en tierra”, detalló Soto Dávila, pero aún así resaltó que “resulta muy difícil” tener todas las zonas bajo control.