Exigen avances en la investigación por la Fiesta de la Muerte

A más de un año del trágico fallecimiento de la estudiante de Periodismo, el abogado de la familia Uscamayta Curí denuncia “negligencia estatal”. Además, un nuevo dato revelaría información que compromete al intendente Garro

La familia de Emilia Uscamayta Curí, quien falleció a los 26 años ahogada en un pileta de una casa quinta ubicada en Melchor Romero, donde se realizaba una fiesta clandestina de Año Nuevo el 1º de enero de 2016, sigue reclamando justicia. 

En este sentido, distintos trascendidos dan cuenta de que existe un audio que comprometería seriamente al jefe comunal de La Plata, Julio Garro, en cuanto a la decisión política de liberar la zona lindera donde se realizaría la celebración, y no clausurarla antes de que se produzca la trágica muerte de la estudiante de Periodismo. 

El abogado que representa a la familia de Uscamayta Curí, Adrián Rodríguez Antinao, dialogó con diario Hoy y la Red 92 y afirmó que saben “que la causa de Emilia está atravesada por hechos de corrupción y negligencia estatal”, al mismo tiempo que pidió por más “avances en la investigación y respuestas concretas”. 

“Estamos buscando Justicia”, afirmó el letrado, a la vez que aseguró que “la investigación ha avanzado a un ritmo muy lento. Falta muchísimo más” por indagar. Asimismo, Rodríguez Antinao afirmó que “desde la Municipalidad” conducida por Garro “aunque están como particulares damnificados, no han hecho ningún aporte a la averiguación de la verdad”. 

Zona liberada 

“En la causa consta que la gente que estaba trabajando custodiando el lugar recibió la orden, mediante una llamada telefónica, para que se retiren a descansar a otro sitio dispuesto a tal fin”, aseguró el abogado de la familia de la joven fallecida. “La pregunta es por qué se retiraron”, manifestó Rodríguez Antinao, dando cuen­ta de que todos los indicios señalan que aquella noche fatal hubo zona liberada para que se pudiera desarrollar la fiesta clandestina con total impunidad. 

“La orden de que se retiraran fue de un agente que está siendo investigado en otra causa, por cobro de coimas, Ariel Peña” señaló el letra­do. Cabe recordar que el exsecretario de Seguridad Daniel Piqué, quien permaneció en el círculo de Garro como asesor hasta el mes de febrero, según las palabras del propio intendente, fue imputado en la causa acusado de dar la orden para que se liberaran los controles alrededor de la casa quinta. 

Fuera de la ley

El jefe comunal platense ya fue imputado penalmente en el marco de esta causa, a razón de actuar fuera de la ley manteniendo a Piqué en funciones en la intendencia, lo que significa que estaría violando el artículo 246 de la Ley Orgánica Municipal, el cual prevé la suspensión preventiva para toda persona que esté imputada de un delito grave. 

Probablemente, si no hubiera sido por las denuncias de este medio, Garro todavía seguiría manteniendo desde las sombras a Piqué, imputado por incumplimiento en el deber de funcionario público, como asesor.

La denuncia penal contra el intendente pide investigar si, “como responsable máximo de velar por el tesoro público municipal, traicionó la confianza depositada por medio de la elección democrática al contratar a una persona imposibilitada de trabajar para el Estado municipal”, por lo cual podría ser acusado de “abuso de autoridad genérico” y “omisión de los deberes de oficio”.