La Justicia platense investiga presunta banda de “caranchos” de Quilmes

El procurador Julio Conte Grand detectó graves irregularidades en el proceso y decidió que la pesquisa quede a cargo de la fiscal Virginia Bravo. Hay firmes sospechas de connivencia policial y judicial. Detalles del caso

La Justicia platense avanza con la investigación en contra de una presunta banda conformada por policías, abogados e integrantes del Poder Judicial de Quilmes.

La decisión de que la UFI nº 7 de La Plata, de la fiscal Virginia Bravo, se haga cargo de la pesquisa fue una determinación del procurador de la Corte, Julio Conte Grand, quien firmó una resolución el 21 de abril pasado. 

En la misma se indica que, analizadas las copias de las distintas Instrucciones Penales Preparatorias de las fiscalías de Quilmes y la documentación aportada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, se detectaron graves irregularidades y falta de respuesta a las víctimas, por lo que dictaminó que sea la Justicia de La Plata la que avance en la pesquisa por una serie de agresiones en perjuicio de una pareja que denunció a policías y abogados.

Esta historia judicial comenzó en abril de 2014, cuando Miriam Kozak iba en su auto y fue víctima de un intento de asalto por dos sujetos que se movilizaban en una moto. De acuerdo a la denuncia, los motociclistas intentaron encerrar a Kozak con fines de robo, pero hubo un choque y los desconocidos terminaron en el piso. La mujer llamó al 911 y a su esposo, un abogado y expolicía de nombre Alejandro Montiel.

Las irregularidades comenzaron desde ese momento. Kozak y Montiel fueron demorados tras el incidente y los dos motociclistas, que lucían muy bien físicamente, fueron trasladados por una ambulancia a un hospital. Luego informaron que uno de ellos había sufrido una quebradura, irónicamente la tentativa de robo quedó en el olvido y se inició una causa por “lesiones graves”.

Sin respuesta judicial

Montiel inició al menos siete denuncias penales. De acuerdo al abogado, él y su esposa habían sido víctimas de una banda de “caranchos”. Pero ni siquiera el fiscal general de Quilmes le dio respuestas. En ese marco, seis meses después del presunto accidente, Montiel y su mujer salieron de su casa y fueron reducidos por cuatro sujetos que se bajaron de un auto marca Ford Focus oscuro. Los agresores golpearon a la pareja y al abogado lo apuñalaron en el hombro izquierdo.

Sin embargo, ni siquiera ese episodio hizo reaccionar a la Justicia quilmeña. Por eso Montiel acudió a Asuntos Internos y a la Procuración. La firme sospecha es que los dos motociclistas, a los que este diario identificará con sus iniciales, A. V. y M. C., se dedicaban a robar autos de alta gama. Si el intento salía mal, convertían el episodio en un accidente de tránsito en connivencia con policías de las co­misarías Cuarta, Quinta y Novena de Quilmes, y abogados.

Asuntos Internos descubrió un Ford Focus oscuro estacionado frente a la comisaría Quinta y ahora se indaga si los sujetos que apuñalaron a Montiel en octubre de 2014 se movilizaron en ese auto. La dependencia que investiga a policías desde el Ministerio de Seguridad nunca recibió los pedidos de informes que solicitó a las fiscalías de Quilmes.

¿Hubo influencias de Grasso y Falbo?

Las irregularidades identificadas en el departamento judicial de Quilmes relacionadas con la causa de los “caranchos” se dieron en tiempos en los que el comisario general Fernando Grasso, retirado desde el 3 de mayo pasado, tenía poder en la Bonaerense, principalmente en esa localidad del Conurbano, y cuando María del Carmen Falbo manejaba los hilos de la Procuración.

Como se recordará, Grasso fue imputado por Asuntos Internos en la Causa de los Sobres, por el delito de “responsabilidad objetiva”. Es que la presunta recaudación ilegal en la Departamental La Plata se hacía en sus narices.

Y sobre Falbo siempre hubo sospechas de no profundizar ninguna investigación que tuviera como protagonistas a las mafias. 

Quizá por eso, y para buscar transparencia, el actual procurador, Julio Conte Grand, determinó el cambio de jurisdicción judicial para investigar las denuncias del abogado Alejandro Montiel.