Lázaro Báez y Ricardo Echegaray, denunciados por "asociación ilícita"
El empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fueron denunciados ante la Justicia como integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal" por los millones de pesos en facturas truchas que salieron de Bahía Blanca para beneficiar a la empresa Austral Construcciones.
La denuncia la radicó la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien consideró que esa operatoria podría representar el delito precedente para acusar a Báez por lavado de activos en la causa por "la ruta del dinero K" que instruye el juez federal Sebastián Casanello. Stolbizer también apuntó contra los empresarios de Bahía Blanca dueños de las usinas de facturas truchas -en particular, la familia de Enzo, Franco y Silvio Ficcadenti-, así como contra varios funcionarios de la AFIP en esa ciudad, como el jefe de la Regional, Juan Pablo Fridemberg, y uno de sus colaboradores, Norberto Filipini.
"La investigación de las maniobras, profundizando en las operatorias, empresas y sus contabilidades, personas involucradas y el cotejo del circuito de los beneficios económicos podría constituir el delito precedente necesario para configurar luego la maniobra de encubrimiento y/o lavado de dinero ilícito", le planteó Stolbizer a Casanello, al que le solicitó ampliar su investigación en marcha.
"Del entramado de relaciones entre todas las personas participantes de los hechos, tanto los que conducen organismos públicos como los que integran sociedades particulares, podría concluirse también la existencia de una asociación ilícita fiscal que debería investigarse", añadió la legisladora.
Casanello deberá analizar ahora si le corre vista al fiscal federal Guillermo Marijuan, en plena feria judicial de verano, para que éste defina si amplía el número de imputados en el expediente y pide nuevas medidas de prueba. Horas antes de que los tribunales entraran en receso durante enero, Marijuan llegó a pedir, por primera vez, que se llamara a Báez a indagatoria por presunto lavado.
Con su escrito, sin embargo, Stolbizer profundizó ayer por la senda del posible delito previo que la ley antilavado anterior -que rige para esta pesquisa por la fecha de la primera denuncia- imponía como paso ineludible para acusar a alguien por blanqueo.
Según argumentó Stolbizer, Echegaray conocía "al menos desde hacía dos años" la operatoria de facturación falsa que la Regional Bahía Blanca había detectado. Pero nunca se radicó una denuncia contra las usinas -entre ellas, Calvento y Grupo Penta, de los Ficcadenti-, ni contra las empresas beneficiarias, Constructora Patagónica -de la familia Pedraza- y Austral Construcciones.
El énfasis de Stolbizer sobre la facturación trucha no pasa sólo por la eventual evasión que facilita. "También permite la acumulación y reserva de dinero negro, mal habido para facilitar con éste el pago de «compensaciones» (coimas), el envío al exterior y/o la reinserción del mismo en un circuito legal luego de pasar por el proceso de lavado de los activos mediante operaciones bancarias, financieras, inmobiliarias", destacó.