Más de 50 dirigentes macristas, con problemas en la Justicia

Un funcionario del Gobierno nacional por semana es imputado en Tribunales por cometer algún tipo de delito: enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad o poseer sociedades off shore en paraísos fiscales. Nombres y causas que atormentan a la administración de Cambiemos

Cuando el pasado 10 de diciembre Mauricio Macri asumió la primera magistratura nacional, nadie pensaba que a tan solo un año de gestión casi medio centenar de funcionarios tendrían problemas con la Justicia por diversos ilícitos cometidos en la función pública. 

Una de las promesas que llevó al poder a Cambiemos fue justamente su intención de no interferir con el Poder Judicial a la hora de realizar investigaciones que indaguen en el centro del poder político. Por ello, tanto desde la oposición como de oficio, por parte de diferentes fiscales, se han abierto un sinnúmero de causas que tienen a los hombres de la coalición gobernante contra las cuerdas en los Tribunales.

En estos primeros doce meses de gestión macrista, más de 50 funcionarios han sido denunciados por diversos delitos. Entre los nombres más rimbombantes figura no solo el jefe de Estado, sino también muchos de sus más predilectos colaboradores, como lo son Marcos Peña, Gabriela Michetti, Alfonso Prat Gay, Juan José Aranguren, Mario Quintana, José Torello, Gustavo Lopetegui, Guillermo Dietrich, entre otros hombres y mujeres del oficialismo.

Causas como los Panamá Papers, el dólar futuro o el destino de los fondos con los que se financian las campañas políticas son algunas de las que actualmente se encuentran en el ámbito judicial, donde se intenta dilucidar cuál es la responsabilidad de los funcionarios de la coalición gobernante en hechos que han sacudido a la opinión pública.

La podredumbre dirigencial no parece haber sido solo propia del kirchnerismo, con más de 100 exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner procesados en el último año, sino que también atraviesa a toda la clase política, haciendo mella ahora en el oficialismo, que ve así confundir a una sociedad que adquirió como propio el discurso de lucha contra la corrupción, y que ahora pone bajo la lupa el accionar de Cambiemos y sus hombres.

Hechos que dejan en evidencia la endeblez de un relato que, a la hora de llevarlo adelante en la gestión, cae en los viejos vicios del pasado, poniendo un tendal de dudas sobre el proceder del jefe de Estado y sus más cercanos colaboradores.

Vicepresidenta con obstáculos con la ley

El mismo día en que Cambiemos lograba vencer al Frente para la Victoria en el balotaje, en la casa que la vicepresidenta Gabriela Michetti posee en el barrio porteño de San Cristóbal se producía un robo de 245.000 pesos y 50.000 dólares que la dirigente tenía guardados en cajas dentro de su dormitorio.

La noticia, que se conoció meses después, produjo un sacudón político porque la plata sustraída no estaba comprobada en las declaraciones juradas, por lo que se abrió una causa en el juzgado del juez federal Ariel Lijo para saber si se incurrió en algún delito en el origen del dinero.

Según Michetti, el dinero -que no figura en ningún registro-, fue dado por la Fundación SUMA que ella dirige para pagar salarios de la misma, a pesar de que en los registros de la institución no figuran empleados registrados.

Al menos cuatro testigos que declararon ante el magistrado en las últimas semanas certificaron que la fundación no emitió ninguna clase de comprobantes por las donaciones recibidas en la colecta electoral del año pasado.

Aranguren: acusaciones al por mayor

 La cara pública de una de las decisiones que menos rédito político le ha traído a Cambiemos en este año de gestión, como lo ha sido los tarifazos a los servicios públicos, es el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

El exdirector de Shell en la Argentina ha sido múltiplemente denunciado por diversos delitos, como negociaciones incompatibles con la función pública para favorecer a la empresa de la cual fue CEO en nuestro país hasta el año pasado, así como también por incompatibilidad y aprovechamiento personal del cargo por seguir siendo accionista de la firma petrolera.

Aranguren además fue acusado por supuestas irregularidades en las importaciones de gas desde Chile, y denunciado en julio pasado por disponer un aumento en el gas luego de que la Justicia federal había ordenado retrotraer los precios de marzo.

Otro hecho que lo sacudió fue la denuncia presentada por la diputada nacional por la CC-ARI, Elisa Carrió, hacia tres de sus colaboradores, Luis Sureda, Pablo Popik y Luis Barile, por negociaciones incompatibles con la función pública por sus trabajos anteriores en Esso, Pan American Energy, Bridas y otras petroleras.

Causas que preocupan al jefe de Estado

Uno de los ejes centrales de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada fue sin dudas la de acabar con la corrupción ocurrida durante la década kirchnerista, que le costó al país miles de millones de dólares.

De las denuncias públicas por diversos ilícitos que tiene el gobierno de Cambiemos, sin dudas la principal es la que se ha radicado contra el Presidente luego de la investigación realizada a nivel mundial por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida como Panamá Papers, en donde se lo puede ver al jefe de Estado figurando en los directorios de dos sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales, como lo son Kagemusha SA y Fleg Trading.

La acusación, radicada ante el juez federal Sebastián Casanello, intenta dilucidar si Macri, a través del estudio de abogados panameño Mossack-Fonseca, se habría valido supuestamente de diversos artilugios de la ley internacional para evadir el pago de impuestos en nuestro país.

Además, en los últimos días el mandatario nacional fue denunciado por un grupo de diputados nacionales por el delito de “abuso de autoridad” por el decreto n° 1.206/2016, que autoriza a ingresar al Régimen de Sinceramiento Fiscal a familiares de funcionarios, contrariando la ley votada en el Congreso. 

Por otra parte, en mayo pasado la exlegisladora porteña Gabriela Cerruti denunció a Macri por enriquecimiento ilícito y falsedad de su declaración jurada, y reclamó la indagatoria del jefe de Estado, cosa que aún no ha sido saldada en la Justicia.

Un Gabinete repleto de complicaciones judiciales

Gran cantidad de los hombres más cercanos al jefe de Estado han sido acusados de ilícitos que comprometen seriamente el erario público. Los casos más resonantes que impactan al seno del Gobierno

El Gobierno de Cambiemos cumplió un año en el poder y los principales nombres que componen el Gabinete nacional han sido acusados en la Justicia por la posible comisión de variadas infracciones, que han puesto en el ojo de la tormenta a muchos de sus miembros.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue denunciado en los últimos días por el delito de abuso de autoridad tras habilitar, a través de la publicación del decreto nº 1.206/2016, el in­greso de familiares de funcionarios públicos al régimen de blanqueo de capitales. Además, junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fue acusado de haber cometido desobediencia a una orden judicial y falsificación de instrumento público por la disolución de la Afsca y Aftic a principios de año. Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, fue acusado junto a Macri y al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por administración infiel de las arcas de la banca pública.

Otro ministro complicado con acusaciones en su contra es el de Transporte, Guillermo Dietrich, ya que se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Por su parte, Andrés Ibarra, titular del área de Modernización, fue imputado por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el acuerdo firmado con Corea del Sur para la compra de máquinas de voto electrónico.

Además, fueron denunciados los ministros Germán Garavano, por abuso de autoridad; Patricia Bullrich, por violación de secreto sobre la custodia de Cristina Kirchner; José Cano, por el uso de fondos de la UTN para su campaña electoral en Tucumán; Esteban Bullrich, por el uso de Tecnópolis en forma privada y Hernán Lombardi, por defraudación.

Investigados por negociados con el dólar futuro

Estimaciones realizadas por diversos organismos privados sostienen que el negociado con el dólar futuro le costó a los argentinos más de 70.000 millones de pesos, que provienen de 45.000 millones en el mercado de futuros del Rofex, que es donde se operan derivados financieros, y 25.000 millones del MAE (Mercado Abierto Electrónico), generando así una espiral inflacionaria que todavía repercute en el andamiaje diario de los ciudadanos.

Por esta causa, donde ya se encuentran investigados, procesados y al borde del juicio oral la expresidenta Cristina Kirchner y 14 exfuncionarios K, entre ellos Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, también se mezclan una red de complicidades que toca al seno chico del macrismo.

Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, está imputado por haber sido un actor que se benefició gracias a ser parte de los funcionarios que fijaron el precio de dólar futuro, con el que resultó favorecido con sumas millonarias. 

En idéntica situación se encuentran el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; el jefe de asesores del Presidente Mauricio Macri, José María Torello; y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Todos ellos se encuentran investigados por haber sido en parte responsables de especificar el precio al que se cobrarían los contratos de la moneda norteamericana a futuro.

Incompatibilidad de funciones

Muchos funcionarios ligados íntimamente al Presidente Mauricio Macri se encuentran hoy con causas abiertas en la Justicia, por las que deberán dar explicaciones ante los jueces. Uno de ellos es el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien fue acusado por presuntos negocios incompatibles por beneficiar a una empresa de telecomunicaciones de la que habría sido socio fundador.

El titular de la AFIP, Alberto Abad, fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por extender el plazo del blanqueo de capitales. Por su parte, Emilio Basavilbaso, el mandamás de la Anses, fue imputado por el presunto delito de extorsión y coacción agravada.

Otra funcionaria con problemas es la cara visible de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien fue acusada de mal desempeño de sus funciones, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes públicos por su actuación en los Panamá Papers.

También tuvo inconvenientes el director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Alejandro Pardo, quien fue denunciado por el Observatorio Sudamericano de Patentes por incompatibilidad de funciones.

Inconvenientes en Tribunales

Los contratiempos judiciales no quedan solo en lo más alto del poder, sino que también bajan a los distritos, como sucede con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, acusado de presunta defraudación contra la administración pública por no haber realizado las obras con fondos de Nación por más de 410 millones de pesos entre 2004 y 2007.

Otro jefe comunal con problemas es el de Luján, Oscar Luciani, denunciado por espionaje y violación de la intimidad después de que se revisaran fichas personales de militantes y críticos al Gobierno.

El diputado Eduardo Amadeo habría facturado en dos de las instituciones que preside 4,5 millones de pesos al gobierno porteño por servicios de consultoría y soportes técnicos jamás realizados.

Denunciado por Vidal quedó en off side

Menuda conmoción hubo el lunes pasado cuando desde el propio interior de Cambiemos, en este caso la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, salió a denunciar públicamente a Marino Calcopietro, subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, sector que depende directamente del Ministerio de Trabajo liderado por Jorge Triaca, por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documento público”.

Ante el conocimiento de la acusación, el funcionario fue apartado de su cargo y la causa remitida al fiscal de Delitos Complejos platense, Jorge Paolini, siendo la misma seguida por el juzgado de Garantías N°5, de Marcela Garmendia.   

Interior complejo y problemático

En las provincias también hubo causas iniciadas contra distintos funcionarios.

En Mendoza, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, fue imputado por abuso de autoridad en concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, por negocios con la industria petrolera.

En Santa Cruz, el intendente de Puerto San Julián, Antonio Tomasso, y el diputado provincial Daniel Gardonio, ambos de la UCR, están acusados de trata de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario, facilitación de la prostitución y encubrimiento.

En Chubut, la legisladora provincial del radicalismo, Jacqueline Caminoa, fue denunciada por compra de tierras en forma fraudulenta.