Ser testigos: “el sistema penal rumbo al estrepitoso fracaso”
Ser testigo en un proceso penal no es una tarea sencilla. Nunca lo fue. Aunque se trate de un deber constitucional y una carga pública. Es decir, si alguien es citado por la justicia, debe concurrir a dar testimonio en forma obligatoria. Y una vez allí, “jurar decir verdad”, a riesgo de ser procesado por falso testimonio.
Sin embargo, a esa persona que declara nadie le brinda –“asegura”- seguridad, menos a su familia, ni tampoco contención psicológica, entre otros tantos resguardos y reparos posibles. Hace unos años se creó el sistema de testigos protegidos. Pero luego el funcionamiento de esa órbita de la Procuración devino en un deterioro del que no pudo recuperarse.
En un comienzo, ese sistema fue anunciado casi al estilo norteamericano, donde alguien podría ventilar ante un fiscal o un juez los datos de un asesino, un violador, un narco o un prófugo por cualquier delito, a cambio de que él y su familia, sean de un día para otro, cambiados de domicilio, y sus identidades puestas en reserva. Pero en la práctica, todo quedó en la ficción. Nada de eso se llevó al plano real. Pues los que declaran con “reserva de identidad”, sólo lo hacen hasta el juicio oral, donde se devela nombres, y otros datos personales: las partes, el resto de los testigos y el gran público, se entera allí quién fue la persona que habló, delató, confesó o reveló, según el caso. Las consecuencias son inimaginables.
Esta semana, el fiscal platense Marcelo Romero aportó su particular visión con respecto al testimonio de las personas en los procesos judiciales. Sostuvo que “sin compromiso” de los testigos el sistema procesal vigente hace quince años va rumbo al “estrepitoso fracaso”.
Romero lo mencionó durante su alegato en el juicio por el crimen de Eduardo Cejas, asesinado de un tiro frente a la facultad de derecho, de 57 y 13. Casi a modo de balance, el fiscal aseveró: “el 28 de septiembre próximo se cumplen quince años de la puesta en marcha del Código Procesal Penal vigente en la provincia de Buenos Aires. En la historia de la humanidad ese tiempo no dice demasiado, pero quince años duró la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos y hace quince años, un peso valía un dólar. Pero es tiempo de hacer un análisis”.
“Mi primer dictamen es que soy pesimista, no por el sistema procesal adoptado, sino por la participación ciudadana en los procesos orales: la colaboración ciudadana es cada vez más paupérrima”, aseguró Romero, y remarcó: “no puedo aceptar que un testigo olvide detalles concretos de un homicidio, circunstancia que marca a cualquier persona. Eso sí, después piden ‘justicia’ en marchas y cortando el tránsito, pero la verdadera justicia se encuentra acá, en los estrados, es acá donde deben venir a decir lo que saben, a darnos herramientas a fiscales y jueces. Pero el compromiso brilla por su ausencia.”
Para el fiscal, los juicios orales son el paso previo a la implementación del juicio por jurado, pero, según detalló “con esta clase de testigos, estamos muy lejos de eso. Aquellos que pensaron a un fiscal alegando frente a un jurado, caminado por el estrado y con las manos en los bolsillos vieron demasiada televisión, mucha serie norteamericana”.
“Las amenazas de procesamiento por falso testimonio ya no asustan a nadie. El Código Penal, tampoco”, sentenció Romero, y remató: “Digo todo esto con dolor, con amargura”.
Sorpresivo encuentro entre camaristas platenses y el presidente de la Corte
Luego de conocida la resolución del presidente de la Suprema Corte bonaerense, Héctor Negri en la que alertó la situación de mora judicial por parte de un tribunal en lo criminal de La Plata en su agenda de juicios orales, se concretó un encuentro sin precedentes entre los jueces de Cámara del fuero penal local y el titular del máximo tribunal de la Provincia.
Trascendió que los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata procuraban acercar una nutrida grilla de inquietudes para que pudiera tener en el ámbito de la Corte un nivel de visibilidad no alcanzado en ámbitos del Ejecutivo y Legislativo bonaerense.
Uno de los temas en pugna habría sido precisamente, el llamado de advertencia que realizó la Corte provincial al Tribunal en lo Criminal 1, donde lo tildó del órgano jurisdiccional más retrasado de la Provincial, por el retraso en años que tiene en las audiencias de debate oral.
Pero a nivel de la Cámara Penal, bien se sabe que hay otras preocupaciones, como la cantidad de recursos dilatorios que intentan las defensas a través de esa instancia, demorando en exceso los plazos de las investigaciones penales preparatorias (IPP). También las deficiencias investigativas que se advierten en varias causas con detenidos.
En forma oficial, se informó que los camaristas que asistieron al encuentro con el presidente de la Corte provincial Héctor Negri, fueron el presidente de la Cámara Penal de La Plata Eduardo Raúl Delbés; de la Sala 1, María Silvia Oyhamburu y Raúl Dalto; de la Sala 2, Laura Irma Lasaga, Ricardo Guillermo Szelagowski y Sergio Ramón Almeida; de la Sala 3 Alejandro Gustavo Villordo, Carlos Adolfo Silva Acevedo; y de la Sala 4 sólo acudió Carlos Ariel Argüero.
En ese comunicado, se precisó que en la reunión “se examinaron temas institucionales y se analizaron diversas cuestiones relativas a la actividad judicial en el ámbito del fuero Penal”.
"Siempre tomé como un deber institucional recorrer la Provincia"
La frase pertenece al ministro de la Corte bonaerense Héctor Negri (foto). Siempre ha sido su sello distintivo. Como pocos, como casi ninguno, un cortesano que sale del Palacio de Justicia y se va de recorrida por los juzgados de las localidades más remotas del territorio bonaerense, para encontrarse cara a cara con las vicisitudes del quehacer judicial. Desde el comienzo de su cuarta presidencia, Negri, ya ha visitado 39 juzgados de paz de la Provincia de Buenos Aires. Según se señaló, acercarse a esos despachos y a esos trabajadores de la justicia tiene como finalidad primera “saludar a los jueces de paz en reconocimiento a su tarea cotidiana, silenciosa, valiosísima”.
Para el alto magistrado, también implica la posibilidad de escuchar e intentar otorgar soluciones a diferentes requerimientos y coadyuva a reivindicar el pasado histórico que revela la importante función de la justicia de paz creada el 24 de diciembre de 1821.
Desde la Corte se indicó que en 1884 se le confieren mediante la ley 1730, rasgos precisos, separándose atribuciones políticas y administrativas y asignándoles a los jueces de paz funciones exclusivamente judiciales. Y desde aquellos años lejanos esos jueces de paz cumplieron la difícil tarea que cabe a toda justicia judicial: resolver los conflictos, restaurar las igualdades conculcadas, reconocer el valor último del derecho como principio de armonía social. "Siempre tomé como un deber institucional recorrer la Provincia y visitar a los jueces de paz; saludarlos y acompañarlos, reconociendo su trabajo silencioso, llevando la paz a cada lugar con su significado profundo de justicia en una presencia necesaria, permanente y activa", consignó Negri.