Conflicto por desalojo en una vivienda donde residen setenta familias

Unas 70 familias que residen en un inmueble en el barrio porteño de Constitución permanecían esta mañana dentro del mismo resistiendo un operativo de desalojo ordenado por la Justicia y llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta madrugada la calle Solís al 1800 amaneció vallada y rodeada por efectivos de la Comisaría Vecinal 1 de la Policía de la Ciudad que “fueron desplazados para prestar colaboración a dos oficiales de Justicia para proceder a una orden de desalojo”.

En horas de la tarde, la orden desalojo fue levantada por el Juzgado Civil 93, a cargo de la jueza Paula Andrea Castro. La primera información que trascendió es que el operativo se detiene, al menos, por el plazo de diez días.

"Logramos acordar con la Justicia un plazo de 10 días para que el desalojo no se haga por la fuerza hoy, y los vecinos se retiren como ellos quieren. El jueves van a desocupar el inmueble, y están conformes con eso. Los organismos nos vamos a quedar para hacer un relevamiento y ver como los asistimos en el proceso y que no quede nadie en situación de calle ni de vulnerabilidad. Vamos a hablar con el Gobierno de la Ciudad para que disponga de los recursos", afirmó Gastón Juan, de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires a la prensa que se presentó en el lugar, donde también estuvo Diario Hoy.

Además de las personas que se encontraban desde temprano dentro del inmueble, estimadas entre 80 y 100, en la puerta se convocaron organizaciones sociales y familiares de los habitantes que aseguran que los inquilinos pagan un alquiler y que esta situación de desalojo se dio sin previo aviso.

La orden judicial librada por la secretaría 10 del Juzgado Civil 93, a cargo de la Paula Andrea Castro, determinó en las primeras horas de este lunes el “desalojo de las personas y del retiro de los muebles pertenecientes a los ocupantes, debido a vencimiento de un contrato”, precisaron las fuentes.

También aseguraron que la jueza de la causa se reunió con el prosecretario para definir la medida a adoptar, mientras que la Defensoría del Pueblo porteña “mantiene diálogo con los ocupantes y con manifestantes que se encuentran en el exterior y tienen familiares dentro de la vivienda, con el objetivo de llegar a un acuerdo”.

Testimonios

Mariela vive hace 17 años en la casa que va a ser desalojada: "No nos dijeron nunca que nos teníamos que ir, La encargada un mes antes no quería recibir el pago porque ya tenia problemas con el dueño. Firmamos un acuerdo porque nos dijeron o firman ahora, o salen por las malas. No tengo a dónde ir, soy madre soltera de dos nenas. Dije que sí por miedo. Y en 10 días no consigo nada, nos tienen que dar más días". 

Alexander, de 32 años, contó que su madre, encargada del lugar, le avisó lo que estaba ocurriendo. "Le mostraron un papel que dijeron que era la orden de desalojo. Fue un baldazo de agua fría, no nos dieron aviso. Son familias con 25 años viviendo ahí. No son ocupas, ahí se paga un alquiler. A mi mamá le pagan por hacer su trabajo, en blanco".