Los cómplices y los que denunciaron la dictadura

El 24 de marzo de 1977, la Sociedad Rural –que apoyó desde un primer momento la dictadura, coherentemente con su historia– afirmaba que, durante el gobierno del último peronismo, el país se debatía en la más profunda crisis de nuestra historia: “La corrupción, la falta de autoridad, el desgobierno, el crimen como medio político, eran caracteres dominantes de la situación. En lo económico, la inflación descontrolada y el desorden fiscal eran insostenibles. Se estaba al borde de la cesación de pagos; en suma, el país se desintegraba”. Por eso, no les alcanzaban las manos para aplaudir a esos “salvadores de la patria” a quienes ellos habían instado a salir de los cuarteles, para que tomaran las riendas del país y llevaran a cabo un programa económico que privilegiara sus intereses en desmedro de las necesidades de las mayorías.

La entidad de los grandes propietarios de tierras y productores agropecuarios, creada en 1866, celebraba la tarea ejecutada por los militares señalando lo que ellos consideraban “grandes logros”: “ La guerrilla apátrida y brutal, amparada en buena medida por las anteriores autoridades, ha sufrido rudos golpes y está en franca retirada”. Calificaba de cómplices de la guerrilla a aquellos que levantaban las banderas de los derechos humanos o a quienes, desde el exterior, denunciaban los crímenes perpetrados en nuestras tierras.

Pero en el documento no solo figuraba lo ya hecho, sino que recordaba a los militares todo lo que les faltaba hacer: “Es indispensable reforzar el proceso dándole otro ritmo, lograr definiciones y tomar decisiones que hacen al fondo del mismo y que son necesarias para proyectar a la Nación hacia su modernización, conforme al plan económico inicialmente enunciado”. Para ello, señalaban que debía desmontarse el andamiaje construido por el peronismo, barrer las políticas sociales, aplastar cualquier intento de puja distributiva y dar la primacía absoluta al capital financiero. Sentenciaban: “ Este Proceso de Reorganización Nacional requiere el apoyo y sacrificio de todos los sectores, sacrificios que deben hacer no sólo los empresarios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario, que ya ha comenzado, la liquidación de las empresas estatales y el redimensionamiento de la burocracia”. La Sociedad Rural Argentina concluía su documento dando su apoyo irrestricto a la dictadura que con tanta eficacia defendía sus intereses.

Esa apología a la dictadura fue publicada en los principales diarios de Buenos Aires, el 24 de marzo de 1977. El mismo día, el inolvidable periodista y escritor Rodolfo Walsh enviaba a esos mismos diarios un documento que iba enteramente en sentido contrario y que desnudaba con una lucidez apabullante la verdadera naturaleza de los golpistas. En su carta abierta, el escritor –cuya casa en Tigre había sido recientemente allanada–, daba las cifras desnudas del terror impuesto hasta la fecha: quince mil desa­parecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos y decenas de miles de desterrados. Señala la existencia de campos de concentración “donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional”, en donde se practica “la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio”. Subraya que esos hechos “que sacuden la conciencia del mundo civilizado”, no son sin embargo los que más sufrimiento han traído al pueblo argentino, y da con la clave que motivó la instauración de la dictadura: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. A renglón seguido comienza a detallar las consecuencias de esa política económica: drástica reducción del salario real, disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, elevación de la jornada de trabajo, precios que suben “en la punta de las bayonetas”, y obediencia ciega a las fórmulas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, Walsh fue secuestrado y asesinado en la intersección de San Juan y Entre Ríos de la Capital Federal, el 25 de marzo de 1977.

Dos documentos que interpretan de manera irreconciliable lo realizado por la dictadura en el primer año de su ejercicio: uno, celebrando la masacre y la entrega del país; el otro, desnudando todo el horror abatido por el pueblo. Uno de esos documentos pasará a la historia de la infamia; el otro, como bien lo señaló Gabriel García Márquez, quedará para siempre como “una obra maestra del periodismo universal”.