Un fallo histórico que marcó un antes y un después en la protección de los derechos de niños y adolescentes

A fines de 2008, el juez Luis Arias declaró inconstitucionales las detenciones policiales arbitrarias de menores de edad en La Plata. La sentencia sentó un precedente clave en materia de derechos humanos.

En octubre de 2008, el entonces titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Federico Arias, dictó un fallo que se convirtió en un hito en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Fue a raíz de una acción de hábeas corpus colectivo presentada por el defensor oficial Julián Axat, quien denunció la existencia de detenciones policiales arbitrarias y sin control judicial sobre jóvenes en la ciudad.

Axat alertó sobre prácticas ilegales frecuentes, como las detenciones por contravenciones, averiguación de identidad o bajo la figura de “entrega de menor”, realizadas sin intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ni comunicación con los organismos de protección correspondientes.

Arias hizo lugar al hábeas corpus y dictó una sentencia que prohibió expresamente estas prácticas. Declaró inconstitucionales el Decreto-Ley 8.031/73 y el artículo 15 de la Ley 13.482 en lo que respecta a personas menores de 18 años, y ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense instruir a las fuerzas policiales para cesar con estas detenciones.

Además, dispuso el uso de medios tecnológicos para identificar a jóvenes en la vía pública, sin necesidad de trasladarlos a comisarías, y exigió la actualización de los registros de pedidos de captura y paradero. También exhortó al Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia a adecuar la normativa vigente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en línea con lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso Bulacio vs. Argentina.

El fallo incluyó apercibimientos para funcionarios que incumplieran lo ordenado, reafirmó que los niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho, y exigió al Estado provincial adecuar su accionar a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En su sentencia, Arias advirtió la existencia de un “sistema punitivo paralelo, informal y policial, ajeno al control judicial”, y ordenó su inmediato desmantelamiento. A más de 15 años de aquella resolución, el fallo sigue siendo un punto de referencia obligado para pensar las políticas públicas vinculadas a la niñez y adolescencia en clave de derechos.