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El organismo internacional evaluó la situación mundial a raíz de la crisis económica causada por el coronavirus, que aún está en proceso.
A 30 días del brutal asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía, se mantiene la presión en las calles y los reclamos comienzan a convertirse en reformas judiciales y policiales, tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo.
25/06/2020 - 00:00hs
La muerte de Floyd, el 25 de mayo, desató una ola de protestas luego de que un video mostrara cómo falleció mientras era detenido en Mineápolis por un policía, Derek Chauvin, que lo redujo en el piso y le clavó la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos.
Aunque Chauvin fue echado de la Policía, la inacción de la fiscalía para presentar cargos desató una ola de protestas, que fueron en su mayoría pacíficas, aunque durante varios días se registraron disturbios y saqueos, que terminaron con el despliegue de la Guardia Nacional en algunos estados y llamados de la Casa Blanca para militarizar las calles.
De hecho, la imputación contra los policías que participaron de la detención –Chauvin fue acusado de homicidio en segundo grado, y los otros tres oficiales, de incitación y complicidad– fue un primer logro de las protestas, a diferencia de lo ocurrido con otros casos de brutalidad policial.
Ejemplo de ello fue la expulsión de la fuerza de Louisville, Kentucky, del policía que mató tres meses atrás a la afroestadounidense Breonna Taylor durante un allanamiento, una decisión que se dio gracias a la notoriedad que tomó su asesinato en las recientes manifestaciones.
Las protestas ya consiguieron cambios y promesas de modificaciones en 16 de los 50 estados, con la presentación en sus parlamentos de 159 proyectos vinculados a reformas policiales o judiciales.
Muchos de los proyectos proponen limitar o prohibir la técnica de estrangulamiento durante las detenciones, un método que se usó con Floyd y que venía siendo un reclamo de activistas y organizaciones civiles desde hace años.
Leyes contra esta táctica fueron aprobadas en los estados de Iowa –donde fue restringida–, Colorado –donde fue prohibida– y Nueva York, donde fue criminalizada con 15 años de prisión.
En California, el gobernador Newsom ordenó que el programa de capacitación policial del estado dejara de enseñar a los oficiales cómo usar un collar que bloquea el flujo de sangre al cerebro.
Reformas similares fueron aprobadas en numerosas ciudades, como en Mineápolis, donde las autoridades prohibieron las técnicas de estrangulamiento policial.
El eco del reclamo a nivel mundial
Miles de personas protestaron en los cinco continentes, con marchas en Berlín, París, Roma, Sídney, Seúl, Ciudad del Cabo, Tokio, entre otras.
El retiro de estatuas racistas también fue emulado en países como el Reino Unido y Bélgica, mientras que en Francia el gobierno decidió prohibir el empleo del estrangulamiento durante los arrestos policiales.