06/11/2012 - 03:40hs
Faltan dos días para que miles y miles de argentinos salgan a la calle, en las principales ciudades del país, para hacer escuchar sus reclamos, que a esta altura del partido ya son conocidos por todos.
Pedidos contra la ola de inseguridad, la inflación, la corrupción y los deseos del poder político de perpetuarse en el poder, vapuleando las instituciones, se harán sentir de forma masiva.
Lejos de atender esta situación, el Gobierno K, y particularmente la presidenta Cristina Kirchner, sigue demostrando la misma soberbia. Y en sus discursos intenta construir un país que sólo puede existir en su imaginación. Una clara muestra de ello fue el acto que la primera mandataria ayer realizó en Tecnópolis, rodeada por los militantes rentados y los aplaudidores oficiales de siempre, cuando salió a hablar de la necesidad de que se formen más ingenieros, en un país que no para de retroceder en materia educativa. Actualmente, la mitad de los chicos que cursan el secundario abandonan la escuela (hay más de un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan). Y la mayoría de aquellos que logran graduarse cuando llegan a la Universidad muestran que no tienen la mínima formación elemental en contenidos como Matemáticas como para poder superar un examen de ingreso de carreras relacionadas con las ciencias duras.
Obviamente, para el desarrollo estratégico de un país, una profesión como la ingeniería es fundamental. Pero en la Argentina, los planes estratégicos brillan por su ausencia desde hace décadas, la economía depende exclusivamente de las exportaciones de commodities con poco o nulo valor agregado y la industria se reduce a ser una mera ensambladora de partes que se construyen en otros países del mundo.
No es casualidad, en ese sentido, que en la Universidad Nacional de La Plata, que es una de la casa de altos estudios más importantes del país, una carrera como Psicología actualmente tenga 3.000 alumnos más que Ingeniería y 4.000 más que Informática. Es una clara muestra de que, desde el Estado, se sigue incentivando que la Argentina siga siendo un país de servicios.
Asimismo, las escuelas técnicas aún sienten el cimbronazo de la nefasta reforma educativa de los años ‘90, aplicada por el menemismo y apoyada sin cortapisas por los Kirchner, que en aquel entonces gobernaban Santa Cruz. Esa reforma convirtió a la escuela pública, que era considerada como el lugar de transmisión del saber por excelencia, en un mero comedor, donde miles de chicos reciben lo que puede llegar a ser su único alimento del día.
Hasta sectores muy humildes hacen un esfuerzo descomunal para pagar una cuota para poder mandar a sus hijos a escuelas privadas, porque saben que el sistema educativo estatal, salvo algunas honrosas excepciones, lamentablemente no está brindando las herramientas para que los jóvenes puedan desenvolverse en el complejo mundo que nos toca vivir.
La soberbia extrema del Gobierno se puso de manifiesto, además, con las declaraciones del senador Aníbal Fernández, uno de los principales alcahuetes de la administración K, que no se puso colorado al calificar a los ciudadanos que pacíficamente quieren salir a reclamar de ser parte de una suerte de conspiración de la “ultraderecha”.
Solamente una mente con serios problemas de compresión de la realidad, como la que puede tener una persona que puede ser capaz de esconderse en el baúl de un auto para no caer preso, puede salir a plantear algo así. De ultraderecha, en realidad, es la política económica de un gobierno que permite y avala que un puñado de multinacionales mineras sigan saqueando nuestros recursos naturales, contaminando algunas de las fuentes de agua dulce más importantes del mundo; de ultraderecha es hacer que millones de compatriotas estén condenados a tener que sobrevivir con las dádivas del Estado y del clientelismo político, en lugar de generar las condiciones para que haya empleo genuino y progresar socialmente en virtud del esfuerzo y del trabajo realizado.
No existe conspiración alguna. La inmensa mayoría de los ciudadanos que han decidido movilizarse para pedir cambios son profundamente democráticos, y quieren que se cumpla a rajatabla con el orden constitucional. Eso implica que Cristina Kirchner deje de ser presidenta en diciembre de 2015.
El famoso “que se vayan todos”, que tanto se escuchó en la crisis de 2001, nada tiene que ver con el actual contexto político. Pero ello no implica quedarse con los brazos cruzados mientras flagelos como la inseguridad, el narcotráfico, la inflación y la corrupción siguen generando muerte y miseria en nuestro país, que aún conserva todo su potencial para volver a la senda del progreso y el desarrollo sostenido. Tres años es tiempo más que suficiente para, al menos, sentar las bases de un cambio. Que así sea.
Myriam Renée Chávez de Balcedo
Directora del diario Hoy