La Provincia participó del lanzamiento del Pacto Social por las Niñeces y Adolescencias
“Con este pacto social, la niñez vuelve a estar en el eje de las políticas públicas”, remarcó el gobernador.
Los defensores de la dirigente política advirtieron que en el nuevo juicio iniciado en su contra “quedó al descubierto cómo es la operatoria en todos los procesos armados” por la Justicia jujeña, por un testigo que acusó a la fiscalía de extorsión.
20/08/2022 - 00:00hs
En la primera audiencia del nuevo juicio iniciado contra la dirigente social, un testigo denunció que desde la fiscalía le hicieron una oferta a cambio de vincular a uno de los imputados en los hechos que se juzgan.
Por tal motivo, el equipo de abogados de Milagro Sala advirtió: “Lo que pasó deja al descubierto cómo es la operatoria en todos los procesos contra Milagro. Este, puntualmente, había surgido con una cuestión muy sospechosa: era una causa que se había cerrado en 2012 y que se reabre cinco años después, con un único testimonio que hay para vincular a Milagro Sala y a quien entonces era su abogado (por Bellido)”. El testimonio al que apuntaron los letrados es el de Alejandro Mancilla, exmiembro de la Túpac Amaru
El proceso en cuestión refiere a la supuesta “sustracción y destrucción” de un expediente de la Justicia local en 2009, en el que Sala se encuentra acusada de “determinadora directa” del hecho junto al empleado judicial Marcos Romero, quien, sindican, se habría apoderado del expediente en una acción planeada con la intervención de un tercer acusado, el abogado Alberto Bellido, sobre el que se esperaba debían recaer las declaraciones del testigo.
Según relataron los letrados, en el año 2017 Alejandro Mancilla se encontraba encarcelado por una causa de abuso, pero fue liberado y a partir de ese momento comenzó a trabajar para la gobernación de Jujuy y, en paralelo, a recorrer los Tribunales con acusaciones dirigidas a Milagro Sala.
Además, Marcos Aldazabal, del equipo de abogados de la dirigente, aseguró que “la causa (por el robo del expediente) se reabre con un testimonio totalmente sospechoso y de manera ilegal porque no se puede reabrir, luego de estar totalmente cerrada, ocho años después”.
Y sobre las presuntas irregularidades del juicio, el letrado planteó que en la audiencia del jueves “se suma el testimonio de un exempleado judicial con un rol secundario en cuanto valor probatorio -Jorge Ruiz-, quien ante la insistencia de los fiscales para que diga lo querían revela que en su momento le habían ofrecido un cargo alto por inculpar a Bellido, y que sufrió persecución inclusive hasta la semana pasada”.
“En Jujuy hay una situación de un Poder Judicial totalmente cooptado, en el que las cosas no responden al Derecho”, advirtió Aldazabal, para luego denunciar que en esa provincia existe una operatoria que se repite de manera sostenida.
Finalmente, sostuvo que “el ensañamiento con Milagro llegó a un nivel increíble”, que incluso llega hasta a “poner en riesgo su salud”, ya que la fundadora de la Túpac Amaru atravesó en las últimas semanas un cuadro médico por el que tenía la recomendación profesional de no exponerse a situaciones de estrés.
Sin embargo, añadió, el Tribunal Criminal n° 3 de Jujuy no hizo lugar a un pedido de suspender el juicio, que este jueves tuvo su primera audiencia.
Por otro lado, Alberto Bellido salió también ayer a exponer en conferencia de prensa sobre la “gravedad” de lo revelado por el testigo convocado por la fiscalía.
“Quedé asombrado. Se demostró el armado y la persecución hacia quienes pensamos diferente, y ahora aparecieron nuevos actores y autores”, manifestó Bellido, quien estuvo acompañado por su abogado Martín Palmieri.
Bellido atribuyó las acusaciones en contra suyo a una “persecución enquistada, organizada por el juez Pablo Pullen Llermanos”, a quien atribuyó la idea de desarchivar la causa, pero también apuntó al jefe de los fiscales de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, y a otros miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.
“Venimos de la época nefasta de la dictadura militar, yo creí que estas prácticas ya estaban desterradas”, cuestionó Bellido y pidió “seguridad jurídica” y “garantías” hacia el testigo que denunció la extorsión.